La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se encuentra en el centro de la tormenta política más intensa de su mandato. El pasado 23 de mayo de 2026 recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el próximo 27 de mayo y rendir declaración sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en su estado. El escándalo que rodea este caso amenaza con redefinir el equilibrio de fuerzas entre el gobierno federal y las administraciones estatales de oposición.
¿Qué es el caso CIA en Chihuahua?
El origen del conflicto se remonta al 19 de abril de 2026, cuando fuerzas estatales localizaron un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Minutos después del operativo, una camioneta oficial cayó por un barranco, provocando la muerte del titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente Manuel Genaro Méndez y dos ciudadanos estadounidenses.
Fuentes consultadas por CNN señalaron que los cuatro extranjeros presentes en el operativo eran oficiales de la Ground Branch o Rama Terrestre de la CIA, que ha estado intensificando sus operaciones en México. Las pesquisas revelaron además que la presencia de los agentes no fue casual ni espontánea, pues nuevas pruebas indican que acudieron al menos en dos fechas distintas a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua antes del operativo.
Al conocerse los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno “no estaba enterado” de un operativo realizado entre Chihuahua y autoridades de Estados Unidos, e insistió en que en su administración no existen operaciones conjuntas de combate al narcotráfico con agentes estadounidenses, sino únicamente intercambio de información.
La postura de Maru Campos: “persecución política”
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, Campos Galván fue citada únicamente en calidad de testigo, lo que significa que, hasta el momento, la mandataria no ha sido acusada formalmente de ningún delito dentro de esta investigación. Sin embargo, la gobernadora no tardó en dar su versión.
Campos protestó públicamente que su citación obedecía a una persecución política por parte del gobierno federal. A través de redes sociales publicó:
“La persecución política en mi contra continúa y como siempre seguiré dando la cara, y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad”.
Al recibir físicamente el citatorio a las afueras del Palacio de Gobierno, la mandataria señaló: “Lo único es que lamento, con todo respeto, que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y dañar a los chihuahuenses”.
Reacciones del PAN, PRI y el resto de los partidos
El citatorio desató una ola de reacciones en todo el espectro político nacional.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, denunció “persecución política” y acusó a Morena de utilizar las instituciones para perseguir opositores mientras protege a políticos de su movimiento señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, expresó su respaldo a Campos y calificó el citatorio de “descarado y cínico embate del narcogobierno de Morena”, añadiendo que “Maru, no estás sola”. En contraste, el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, puntualizó que tanto Rocha Moya como Campos deben ser investigados.
El doble citatorio: Maru Campos y Rubén Rocha Moya
Un dato que complica la narrativa de “persecución selectiva” es que la FGR no actuó únicamente contra la gobernadora panista. El 23 de mayo también fue notificado para comparecer el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), acusado por colaborar con el crimen organizado, junto con el senador Enrique Inzunza. Ambos citatorios en la misma fecha generaron lecturas opuestas: para la oposición, evidencia de persecución; para el oficialismo, prueba de imparcialidad institucional.
¿Qué dice la ley? Soberanía y Seguridad Nacional en juego
La Ley de Seguridad Nacional es explícita: cualquier actividad de agencias extranjeras debe ser notificada y supervisada por la Cancillería. El hecho de que estos agentes participaran en una presunta operación antidrogas clandestina representa una crisis de soberanía.
El caso se ha complicado aún más por las versiones contradictorias de las propias autoridades chihuahuenses. La fiscalía del estado primero sostuvo que los agentes de la CIA no formaban parte del grupo operativo; luego dijo que se encontraban en la comunidad de Polanco dando un curso sobre manejo de drones y que pidieron colaboración para trasladarse junto con la caravana.
Lo que viene: la comparecencia del 27 de mayo
La comparecencia de Maru Campos ante la FGR está programada a partir de las 10:00 horas del miércoles 27 de mayo de 2026, en las oficinas de la Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. Lo que declare ese día podría marcar el curso jurídico y político del caso más explosivo del año en México.
Lo que está en disputa no es solo el futuro político de una gobernadora: es la definición de los límites entre soberanía nacional, cooperación antinarcóticos con Estados Unidos y el uso de las instituciones en un país donde la polarización entre gobierno federal y oposición sigue siendo el eje que mueve cada decisión política.
