Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami) fue asesinado. Este crimen se suma a una tendencia creciente de ataques contra funcionarios públicos en México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El ataque ocurrió la mañana de este jueves, antes de las 9:00 horas, sobre el bulevar Díaz Ordaz. De acuerdo con reportes oficiales, el funcionario circulaba a bordo de una camioneta cuando fue interceptado por sujetos armados. El vehículo quedó detenido frente a una tienda de autoservicio; los agresores huyeron del lugar.
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Asesinan en un ataque armado a Roberto Castañeda, director de la Japami en Irapuato
Elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegaron un operativo en la zona. Al llegar, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
El homicidio de Roberto Castañeda Tejeda ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento de agresiones contra autoridades. En los últimos años, alcaldes, regidores, directores de área y candidatos han sido blanco de ataques armados. Casos como el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa en Michoacán, el homicidio de los alcaldes Conrado Mendoza Almeda y Carloz Manzo, en Guerrero y Uruapan, respectivamente, un patrón que se extiende en diversas regiones.
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Especialistas en seguridad advierten que la exposición de funcionarios locales a grupos del crimen organizado, así como la disputa territorial, incrementan los riesgos para quienes ocupan cargos públicos, especialmente en áreas relacionadas con servicios, seguridad o manejo de recursos.
El asesinato del director de Japami no solo representa un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia que evidencia la vulnerabilidad de servidores públicos en funciones. La violencia ha dejado de concentrarse en actores políticos de alto perfil y se ha extendido a mandos medios y técnicos de la administración pública.
La Fiscalía estatal informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de los funcionarios y la capacidad de las autoridades para contener una escalada de violencia que, en este sexenio, mantiene cifras al alza.
