La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra personas vinculadas con Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco, entre ellos el amigo de Andrés López Beltrán, Jorge Amílcar Olán, señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un perjuicio al fisco superior a 834 millones de pesos.
De acuerdo con documentos citados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía habría utilizado información falsa en operaciones de importación de combustibles para evitar el pago de derechos e impuestos.
La investigación también ha puesto bajo la lupa a Jorge Amílcar Olán, empresario identificado públicamente como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, así como a personas que habrían ocupado cargos dentro de empresas relacionadas con ambos.
Es importante señalar que las acusaciones forman parte de investigaciones y procedimientos en curso, por lo que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades legales de las personas involucradas.
Portacelis habría omitido el pago de 834 millones de pesos al fisco
La investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que Portacelis Gas and Oil realizó 139 pedimentos de importación de combustibles entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025.
Según la declaratoria de perjuicio presentada ante la FGR, los combustibles habrían ingresado a México mediante ferrotanques, utilizando información que las autoridades fiscales consideran falsa.
La consecuencia, de acuerdo con el expediente referido, habría sido la omisión del pago de aproximadamente 834 millones de pesos en derechos e impuestos.
Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, entregó a la FGR la declaratoria de perjuicio contra Portacelis el 25 de marzo, con la que se solicitó iniciar acciones penales relacionadas con las operaciones investigadas.
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SAT solicita acción penal contra cinco personas
Además de señalar a Portacelis Gas and Oil por las presuntas operaciones de huachicol fiscal, el SAT solicitó acción penal contra cinco personas que habrían participado en las operaciones investigadas.
Entre los señalados se encuentran empleados de la empresa y agentes aduanales que presuntamente habrían facilitado el ingreso de los combustibles.
La investigación busca determinar cómo se realizaron los trámites de importación, quiénes participaron en ellos y qué papel tuvo cada una de las personas identificadas.
La FGR deberá continuar con las indagatorias y, en su caso, presentar ante un juez los elementos que sustenten las acusaciones.
¿Quién era el administrador de Portacelis Gas and Oil?
Portacelis Gas and Oil fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, ante el notario Manuel Alejandro Cachón.
Al momento de su creación, los accionistas designaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo.
De acuerdo con documentos mercantiles revisados por MCCI, De la Cruz también habría ocupado cargos en otras compañías relacionadas con Jorge Amílcar Olán.
Entre ellas aparece Romedic, empresa vinculada con Olán que recibió contratos para medicamentos del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como Poyago, compañía que modificó su objeto social en 2023 para incluir actividades relacionadas con la venta de medicamentos al IMSS.
De la Cruz también habría figurado en el órgano de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, compañía constructora en la que, según MCCI, Olán posee 90 por ciento de las acciones.
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Juan Carlos de la Cruz dejó Portacelis meses después de su creación
Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores ocurrió pocos meses después de la constitución de Portacelis.
El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz Murillo dejó el cargo de administrador único de la empresa y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández.
Ulin, de acuerdo con la información citada por MCCI, tenía entonces 32 años y era residente de la Ranchería Ixtacomitán, en Jalpa, Tabasco.
El cambio ha sido interpretado por la organización periodística como una posible maniobra para modificar la estructura corporativa de la compañía y dificultar la identificación de los responsables de sus operaciones.
Sin embargo, determinar si el cambio societario tuvo como finalidad evadir responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de la investigación.
MCCI señala posibles vínculos entre Portacelis y Jorge Amílcar Olán
La relación entre Portacelis y Jorge Amílcar Olán es uno de los elementos centrales de la investigación periodística.
MCCI sostiene que Juan Carlos de la Cruz habría fungido como un posible prestanombres de Olán debido a los distintos cargos que habría ocupado en empresas relacionadas con el empresario.
A Olán lo señalaron previamente en investigaciones periodísticas que se le relacionan con contratos, negocios y proyectos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre las obras con las que se le relaciona se encuentran proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Algunas conversaciones telefónicas atribuidas al empresario también han sido difundidas previamente y han generado investigaciones y cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción. Las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes.
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Agente aduanal relacionado con Portacelis habría escapado a Estados Unidos
La investigación también apunta a Víctor José Carretero Zardeneta, un agente aduanal que presuntamente habría participado en las operaciones de importación de combustibles de Portacelis.
De acuerdo con la información citada, Carretero habría salido de México rumbo a Estados Unidos en enero de 2026, cuando autoridades mexicanas se encontraban cerca de cumplimentar una orden de aprehensión en la zona fronteriza de Matamoros y Brownsville.
Carretero cuenta con doble nacionalidad y también se le conoce en la frontera de Tamaulipas por su actividad como pastor cristiano.
Su nombre aparece en distintas investigaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
Carretero enfrenta otras investigaciones por huachicol fiscal
Al agente aduanal lo señalan como una pieza relevante en diferentes expedientes que investiga la FGR.
Según la información disponible, existen dos órdenes de aprehensión en su contra relacionadas con presuntos casos de contrabando de combustibles.
Uno de los expedientes está relacionado con el empresario y exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, mientras que otro corresponde a una investigación sobre tres militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros.
Ahora se suma una tercera investigación relacionada con Portacelis Gas and Oil, en la que se le atribuye haber tramitado los 139 pedimentos de productos petrolíferos que forman parte de la indagatoria del SAT.
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¿Qué es el huachicol fiscal?
El término huachicol fiscal se utiliza para describir esquemas de contrabando o introducción irregular de combustibles al país mediante mecanismos que buscan evadir impuestos, derechos y controles aduaneros.
A diferencia del robo tradicional de combustible, estas operaciones pueden involucrar importaciones, documentación aduanera, empresas, agentes aduanales y declaraciones falsas o incorrectas para reducir o evitar el pago de contribuciones.
Por ello, las investigaciones suelen requerir la revisión de pedimentos, facturas, movimientos financieros, registros corporativos y documentación relacionada con las operaciones comerciales.
FGR deberá determinar responsabilidades en el caso Portacelis
La solicitud del SAT representa un nuevo avance en la investigación contra Portacelis Gas and Oil por presunto huachicol fiscal.
El expediente contempla operaciones de importación que, según las autoridades fiscales, habrían generado un perjuicio superior a 834 millones de pesos, además de la posible participación de empleados y agentes aduanales.
Mientras la FGR continúa con las investigaciones, será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
Por ahora, Portacelis Gas and Oil y las personas señaladas deben considerarse bajo investigación y no como responsables de manera definitiva, hasta que exista una resolución judicial firme.
