Durante demasiado tiempo el poder en México ha operado con una mezcla de negación y arrogancia frente a señalamientos que, fuera del país, se toman con la seriedad que ameritan. El caso de Sinaloa es muestra de esa práctica. Mientras aquí se cerraban filas para proteger a un gobernador bajo sospecha, en Estados Unidos se avanzaba en la construcción de un expediente que hoy se traduce en acusaciones formales por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya y varios integrantes de su administración. La distancia entre ambas posturas describe dos formas opuestas de entender la responsabilidad pública.
Hubo advertencias, filtraciones y una narrativa internacional que señalaba la existencia de listas de políticos vinculados con el crimen organizado. La respuesta oficial en México fue descalificar, negar y sostener a los implicados. En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos integraba casos con la disciplina que caracteriza a sus procesos. Hoy, esa disciplina se impone sobre la improvisación política mexicana.
El respaldo que recibió Rocha Moya no fue discreto. Andrés Manuel López Obrador lo defendió de forma abierta, incluso después de que una carta lo involucrara en una reunión con líderes del Cártel de Sinaloa. Claudia Sheinbaum mantuvo esa protección pese a que las señales desde Washington se volvían más explícitas. Gobernadores y operadores políticos se sumaron al coro, en una cadena de apoyos que responde a una decisión consciente de privilegiar la lealtad interna por encima de cualquier estándar mínimo de legalidad.
Ahora aparece un elemento que el oficialismo intentará explotar como válvula de escape. El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras la licencia de Rocha Moya, y su llegada, además de marcar un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo en el estado, ofrece una imagen de relevo institucional que podría tranquilizar a ciertos sectores. Pero no podemos confundir símbolo con solución. Este movimiento es un intento de contención, una forma de ganar tiempo mientras el problema de fondo permanece intacto. Cambiar el rostro del Ejecutivo estatal no borra las acusaciones ni la red política que las hizo posibles.
Estados Unidos actúa con base en evidencia y procesos formales, mientras el gobierno mexicano responde con discursos y protección política. Su actuación, en este caso, establece un estándar que México decidió ignorar. Ante la posibilidad de que funcionarios de alto nivel colaboren con organizaciones criminales, la respuesta adecuada consiste en investigar y sancionar. En México se optó por encubrir. Esa diferencia explica por qué los procesos avanzan allá y se estancan aquí. También explica por qué las consecuencias económicas pueden materializarse con rapidez.
Si en Washington se consolida la percepción de que el gobierno mexicano protege a figuras vinculadas con el narcotráfico, los incentivos para sostener acuerdos, como el T-MEC se reducen. El impacto sería amplio, con efectos directos en inversión, empleo y estabilidad financiera. No hace falta exagerar para entender la magnitud del riesgo.
Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión que define su gobierno. Puede romper con la estructura de protección que ha rodeado a Rocha Moya y asumir el costo político de reconocer que se respaldó a un personaje bajo una sospecha fundada. También puede optar por mantener esa protección y cargar con las consecuencias que ya se anuncian desde el exterior. En este punto, la ambigüedad deja de ser una opción viable.
Lo ocurrido en Sinaloa abre un capítulo que probablemente alcanzará a más nombres dentro del mismo grupo político, que ya integra al vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra; al senador y exsecretario de Gobierno estatal, Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, entre otros. La diferencia es que, mientras en México se insiste en negar, en Estados Unidos los expedientes siguen su curso, y cuando ese aparato judicial avanza, lo hace con una consistencia que no se detiene ante discursos ni lealtades partidistas.
