La Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó por unanimidad amparar a Google contra los plazos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica para entregar información durante investigaciones por prácticas monopólicas. La resolución confirma la constitucionalidad de los tiempos que la empresa tecnológica consideraba rígidos y desproporcionados.
El Pleno de la SCJN votó para confirmar la validez del artículo 73 de la LFCE, que establece un plazo de 10 días para atender requerimientos de información, prorrogable por una sola ocasión hasta por otros 10 días. La decisión deja a cargo de un tribunal colegiado de circuito competente el análisis de aspectos de legalidad relacionados con la imposición de una multa.
Argumentos de Google contra los plazos de la LFCE
La empresa tecnológica cuestionó el diseño de los plazos establecidos en la normativa, argumentando que resultaban rígidos y desproporcionados frente a requerimientos de información de gran volumen. Google buscaba que la Corte declarara inconstitucional esta disposición que regula los tiempos para responder a las autoridades de competencia económica.
Previamente, un juzgado de distrito había considerado que la norma era constitucional, posición que ahora ratifica el máximo tribunal del país. La SCJN concluyó que los argumentos presentados por la compañía no demostraban inconstitucionalidad ni vulneración de seguridad jurídica o proporcionalidad en el establecimiento de estos tiempos.
Plazos establecidos en el artículo 73 de la LFCE
El artículo 73, segundo párrafo, de la Ley Federal de Competencia Económica fija un plazo inicial de 10 días para atender requerimientos de información realizados por las autoridades en el marco de investigaciones sobre prácticas monopólicas. Este periodo puede extenderse por una sola ocasión hasta por otros 10 días, lo que establece un máximo de 20 días naturales para cumplir con la entrega de documentación solicitada.
La resolución unánime del Pleno confirma que este diseño normativo no viola garantías constitucionales, pese a que las empresas investigadas deban procesar y entregar información que puede ser de gran volumen en un periodo que consideran limitado. La decisión judicial mantiene vigente el marco temporal que deben respetar los agentes económicos bajo investigación.
Acusación de monopolio efectivo de publicidad digital
El caso de Google ante las autoridades mexicanas de competencia tiene su origen en una acusación formal realizada en 2023. La Comisión Federal de Competencia Económica, ahora llamada Comisión Nacional Antimonopolio, señaló a la empresa por establecer un monopolio efectivo de publicidad digital en territorio mexicano.
Esta investigación implicó requerimientos de información que la compañía debía entregar en los plazos establecidos por la ley, lo que derivó en el litigio constitucional que ahora resuelve la Suprema Corte. La decisión judicial sobre la constitucionalidad de los plazos no resuelve el fondo del caso antimonopolio, que continúa su curso legal en otras instancias.
Aspectos pendientes de resolución judicial
Aunque la SCJN resolvió la cuestión constitucional de los plazos, dejó pendiente el análisis de aspectos relacionados con la legalidad específica y la imposición de una multa. Un tribunal colegiado de circuito competente será el encargado de revisar estos elementos del caso, que no formaron parte de la decisión unánime del Pleno.
Esta separación de competencias implica que la empresa aún enfrenta un proceso legal respecto a las consecuencias específicas derivadas del cumplimiento o incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa. La resolución de la Corte se limitó exclusivamente a validar la constitucionalidad del marco temporal establecido en el artículo 73 de la LFCE.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió la Suprema Corte sobre el amparo de Google?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo presentado por Google y confirmó la constitucionalidad de los plazos establecidos en el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica para entregar información durante investigaciones.
¿Cuánto tiempo tiene una empresa para responder requerimientos de información?
El artículo 73 de la LFCE establece un plazo inicial de 10 días para atender requerimientos de información, que puede prorrogarse por una sola ocasión hasta por otros 10 días, totalizando un máximo de 20 días naturales.
¿Por qué investigan a Google las autoridades mexicanas?
En 2023, la Comisión Federal de Competencia Económica (ahora Comisión Nacional Antimonopolio) acusó a Google de establecer un monopolio efectivo de publicidad digital en México, lo que derivó en una investigación formal sobre prácticas monopólicas.
La decisión de la Suprema Corte mantiene firme el marco regulatorio que establece tiempos específicos para que las empresas bajo investigación respondan a las autoridades de competencia económica. Los aspectos relacionados con la imposición de sanciones específicas permanecen bajo análisis en otras instancias judiciales competentes.
