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La organización acusa abuso de funciones, encubrimiento y posibles afectaciones a la Hacienda Pública contra servidores públicos involucrados en el caso del santuario animal.
La Secretaría de la Función Pública impuso sanciones por faltas administrativas no graves, con inhabilitaciones de hasta tres meses y llamó a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a la legalidad.
