Tengo años de experiencia en agencias de comunicación y marketing político, y una de las primeras cosas que le digo a cualquier cliente antes de abrir una cuenta o publicar cualquier contenido es que las redes sociales no distinguen entre lo que dices en privado y lo que dices en público, porque hoy todo es público desde el momento en que existe un micrófono cerca.
Esa regla aplica con más fuerza todavía cuando quien habla ocupa un cargo de representación popular, porque entonces lo que dice, más que solo su opinión, es una señal de lo que ese cargo vale y de quién lo ocupa. El caso de las diputadas de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, es un ejemplo tan claro de este principio que casi no necesita análisis, aunque lo merece.
En su podcast Descasadas, publicado en YouTube el 21 de julio, Salvatori afirmó que los hombres adultos mayores huelen a baúl del recuerdo, a lo que Palomares respondió que ya se están pudriendo, y ambas continuaron con comentarios sobre arrugas, padecimientos físicos y la vida sexual.
Cuando el contenido circuló en redes sociales y la polémica creció, Salvatori argumentó en primera instancia que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión. Esa respuesta me parece la parte más reveladora de todo el episodio, porque la libertad de expresión protege el derecho a hablar sin que el Estado te persiga por ello, pero no te exime de las consecuencias sociales, políticas y profesionales de lo que decides decir. Confundir ambas cosas es un error que cualquier comunicador con dos días de experiencia no cometería, y que una legisladora no debería permitirse.
Los representantes de Morena salen con frecuencia a señalar que los medios de comunicación y las agencias dedicadas a la estrategia política que se oponen a sus posturas no ejercen una libertad genuina y que obedecen a intereses del PRI, el PAN y MC, un criterio que da risa y pena ajena. Ellos reclaman que sus voces se escuchen sin barreras y que nadie les cuestione lo que dicen, pero al mismo tiempo permiten que sus miembros usen espacios públicos y recursos que todos pagamos para burlarse de quienes han vivido más años y han entregado su esfuerzo a esta nación.
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Lo que ocurrió en Puebla trasciende los límites de ese estado porque revela una forma de actuar que se repite en todo el país y que responde a una costumbre muy extendida dentro de sus filas. Quienes ocupan cargos de gran responsabilidad no siempre cuentan con la preparación ni con la educación necesaria para ejercerlos con dignidad. Se les elige o se les designa por razones que poco tienen que ver con su capacidad o con su trayectoria y cuando llegan a esos puestos se comportan como si el cargo les hubiera sido otorgado como un regalo y no como una obligación que deben cumplir con honor y respeto.
Morena suspendió temporalmente los derechos partidistas de ambas diputadas mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia adelanta una investigación interna, aunque la medida no afecta sus cargos ni su capacidad de seguir legislando. Eso es lo que más me cuesta entender de esta historia. En cualquier empresa con un mínimo de criterio institucional, una conducta que genera este nivel de daño reputacional tendría consecuencias sobre el cargo, no solo sobre los derechos internos del partido. Que alguien pueda seguir legislando mientras su partido investiga si su conducta pública fue “apropiada” dice más sobre los estándares de Morena que sobre las propias diputadas.
Este patrón no es exclusivo de Puebla, pero si es el patrón de un partido que durante años ha privilegiado la lealtad sobre la preparación al momento de asignar cargos, con el resultado predecible de que personas sin la formación ni el criterio que esos cargos exigen terminan tomando decisiones legislativas de día y conduciendo podcasts de dudosa calidad de noche.
El micrófono los delata, pero el cargo los pone ahí, y ese cargo lo financian los ciudadanos que merecen algo mejor que esto.
