Un grupo de defensores públicos de la Ciudad de México acusa una ola de despidos injustificados y procesos de remoción como represalia por haber encabezado marchas y presentado recursos legales para exigir condiciones dignas de trabajo. Los afectados señalan que enfrentan acoso laboral desde que interpusieron un amparo contra el Congreso local por omisión legislativa.
Las denuncias involucran a 164 servidores públicos que participaron en el amparo y a defensores que protestaron en el recinto legislativo el 30 de octubre de 2025. Entre los casos más documentados se encuentran los de Mario Alberto Rodríguez y Zaira Pérez, quienes relatan hostigamiento sistemático, fabricación de faltas y procedimientos administrativos que consideran ilegales.
El caso de Mario Alberto Rodríguez: dos procedimientos por los mismos hechos
El defensor público Mario Alberto Rodríguez denuncia que las autoridades le fabricaron faltas laborales haciendo desaparecer documentos que acreditaban vacaciones autorizadas por su jefe inmediato. Según su testimonio, solicitó una semana de vacaciones en enero de 2026, las cuales fueron aprobadas, pero posteriormente se contaron como inasistencias injustificadas los días 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de enero de 2026.
En enero pedí una semana de vacaciones que mi jefe inmediato autorizó, pero primero escondieron la incidencia (…) y días después, Juan López Villanueva, director general de Defensoría Pública, dijo que no se autorizaron, pero eso no me lo avisaron por ningún medio.
A partir de estas supuestas faltas, se le iniciaron dos procedimientos administrativos de remoción por los mismos hechos. El primer procedimiento fue abierto el 27 de enero de 2026 bajo el expediente DGSL/DDP/PR/002/2026, con un acta circunstanciada levantada en el Reclusorio Oriente. El segundo procedimiento se inició el 7 de abril de 2026 con el expediente SAF/DGAPyDA/DEPRL/1933/2026.
López Villanueva omitió información absolutamente relevante a los jueces de distrito en materia administrativa (…) ocultó que mis supuestas inasistencias son los mismos hechos.
Rodríguez considera que esta duplicidad de procedimientos viola principios fundamentales del derecho:
Viola la seguridad jurídica, la prohibición de no juzgar dos veces los mismos hechos (…) buscaron como represalia acabar con mi fuente de trabajo.
Ante esta situación, el defensor presentó una demanda de amparo que fue turnada al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa bajo el juicio 366/2026, el cual permanece en trámite.
El hostigamiento habría comenzado en agosto de 2025
De acuerdo con el testimonio de Rodríguez, el hostigamiento se recrudeció en agosto de 2025, coincidiendo con las acciones legales emprendidas por los defensores públicos. Posteriormente, el 30 de octubre de 2025, un grupo de defensores realizó una protesta en el recinto legislativo de la Ciudad de México.
El defensor también menciona que existe un rumor sobre la posibilidad de que 60 personas más podrían ser despedidas, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.
Zaira Pérez: acoso por asociación y proceso de remoción
La defensora pública Zaira Pérez enfrenta una situación diferente pero igualmente compleja. A diferencia de otros compañeros, ella afirma no haber participado en las marchas, pero aun así enfrenta un proceso de remoción por supuestamente representar a una persona privada de la libertad sin autorización.
El caso involucra a un ciudadano venezolano al que Pérez comenzó a representar en la etapa de ejecución el 7 de noviembre de 2025. La defensora relata cómo surgió la solicitud de ampliar su representación:
Es un venezolano que llegó huyendo del golpe de Estado de Nicolás Maduro (…) el 7 de noviembre de 2025 yo estaba con él, con la representación en la etapa de ejecución y me dijo, ‘oye ¿Y si me representas tú en la etapa de juicio?’ y le dije déjame pedir autorización.
Pérez asegura que solicitó y obtuvo autorización de sus superiores antes de asumir la representación en la etapa de juicio. Se acercó a Salvador Santillán, jefe de unidad departamental jurídico y de procesos penales, para solicitar el aval correspondiente:
Me acerqué a Salvador Santillán (jefe de unidad departamental jurídico y de procesos penales) y le comenté el contexto y él me dijo ‘por mí no hay problema’, me pidió que llenara tres cédulas y solicitara que la nombran como defensora en ese caso.
El 19 de febrero de 2026, el ciudadano venezolano nombró formalmente a Pérez como su defensora. Tras cumplir con el trámite, Santillán habría dado su visto bueno:
Se la presenté a Santillán, me dijo ‘está bien, no hay problema, tú ve y presentante a las audiencias.
Cronología del proceso contra Zaira Pérez
Los problemas comenzaron el 25 de marzo de 2026, cuando a Pérez le negaron acceso a la carpeta del caso porque otra abogada se había ostentado con el cargo de defensora del mismo ciudadano. El 23 de enero de 2026, Pérez había entregado la documentación que le solicitaron como parte del trámite, incluyendo las tres cédulas requeridas.
El 16 de abril de 2026, la defensora recibió un oficio de Carmen Trujillo, subdirectora, instruyéndole que se abstuviera de conocer cualquier procedimiento relacionado con el caso:
Me dijo que yo sólo tenía autorización para representar (al venezolano) en el período de ejecución, no en la etapa de juicio (…) y le recordé que ella me autorizó.
Pérez cuestiona la fundamentación legal de esta instrucción:
Trujillo me estaba instruyendo que me abstuviera de conocer cualquier procedimiento y que no podía representar y vi que no había fundamento legal.
Finalmente, el 29 de abril de 2026 le notificaron formalmente el inicio del procedimiento de remoción en su contra.
Autoridades involucradas en las denuncias
Los defensores públicos señalan directamente a varios funcionarios de la Defensoría Pública de la Ciudad de México en sus denuncias:
Juan López Villanueva, director general de Defensoría Pública, es señalado por Rodríguez como responsable de negar las vacaciones que ya habían sido autorizadas y de omitir información relevante ante los jueces de distrito.
Salvador Santillán, jefe de unidad departamental jurídico y de procesos penales, aparece en el testimonio de Pérez como quien inicialmente autorizó su representación en la etapa de juicio.
Carmen Trujillo, subdirectora, es mencionada por Pérez como quien le instruyó abstenerse de conocer procedimientos, contradiciendo las autorizaciones previas.
Sin respuesta oficial de la Consejería Jurídica
Se buscó la postura de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México respecto a estas denuncias, sin obtener respuesta al cierre de edición. Esto significa que hasta el momento no existe una versión oficial que confirme o niegue las acusaciones de los defensores públicos.
Tampoco se ha pronunciado públicamente Juan López Villanueva sobre los señalamientos directos en su contra por parte de los denunciantes.
Información que falta por confirmar
Existen varios elementos que permanecen sin verificación oficial. No se ha confirmado el número total de defensores públicos afectados por procedimientos similares, más allá de los casos documentados. El rumor sobre 60 despidos adicionales mencionado por Rodríguez no cuenta con sustento oficial.
También queda pendiente conocer el estatus actual de los procedimientos de remoción contra ambos defensores, así como el motivo específico del amparo por omisión legislativa interpuesto por los 164 servidores públicos, relacionado con la demanda de creación del Instituto de la Defensoría Pública.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos defensores públicos interpusieron el amparo contra el Congreso de la CDMX?
Un total de 164 servidores públicos interpusieron un amparo contra el Congreso local de la Ciudad de México por omisión legislativa.
¿Cuándo protestaron los defensores públicos en el recinto legislativo?
La protesta en el recinto legislativo se realizó el 30 de octubre de 2025.
¿Qué autoridad podría responder sobre estos despidos?
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México es la instancia que podría pronunciarse sobre estas denuncias, aunque hasta el momento no ha emitido respuesta.
Los procedimientos de remoción contra Mario Alberto Rodríguez y Zaira Pérez continúan su curso, mientras el amparo presentado por Rodríguez ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa permanece en trámite. La falta de respuesta oficial por parte de las autoridades de la Ciudad de México deja sin contraparte institucional las denuncias de los defensores públicos afectados.
