Organizaciones de derechos humanos de México y Alemania pidieron que los 4.21 millones de dólares pagados por Heckler & Koch al Estado alemán por la exportación ilegal de fusiles G36 a México puedan utilizarse para mecanismos de reparación destinados a víctimas y comunidades afectadas, entre ellas las de Ayotzinapa.
La petición relaciona esos recursos con el caso Ayotzinapa porque algunos de los fusiles G36 exportados por la empresa alemana terminaron en Guerrero, pese a que Alemania había prohibido que esas armas fueran destinadas a ese estado por la situación de derechos humanos.
Durante los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, al menos tres fusiles G36 de Heckler & Koch fueron identificados como armas que fueron disparadas. Esa noche desaparecieron 43 estudiantes, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.
Sin embargo, los 4.21 millones de dólares no son una indemnización para las familias de los 43 estudiantes. Heckler & Koch pagó ese dinero al Estado alemán como consecuencia de una sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart.
Ahora, las organizaciones buscan que las autoridades alemanas encuentren una vía legal y política para utilizar esos recursos en procesos de reparación social en México.
¿Por qué Alemania sancionó a Heckler & Koch?
El caso se remonta a las ventas de armas realizadas entre 2006 y 2009, cuando Heckler & Koch fabricó y vendió a México miles de fusiles G36, utilizados por fuerzas de seguridad.
Las exportaciones contaban con autorización alemana, pero existía una restricción: las armas no podían ser destinadas a Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, debido a las preocupaciones de Alemania sobre la situación de derechos humanos y el posible uso indebido de las armas en esos estados.
El problema fue que algunos de los fusiles terminaron precisamente en esas entidades.
La investigación alemana concluyó que empleados de Heckler & Koch utilizaron información incorrecta sobre el destino final de las armas para obtener los permisos de exportación. Los documentos presentados para las autorizaciones excluían formalmente a los cuatro estados, aunque parte de los fusiles acabó allí.
El caso llegó al Tribunal Regional de Stuttgart después de una investigación iniciada en Alemania en 2010.
En febrero de 2019, el tribunal condenó a dos empleados de Heckler & Koch a penas de prisión suspendidas y ordenó el decomiso de 3.7 millones de euros a la empresa, cantidad relacionada con los ingresos obtenidos de las exportaciones ilegales. Otros tres acusados fueron absueltos.
Heckler & Koch hizo efectivo el pago en mayo de 2026. La cantidad equivale a aproximadamente 4.21 millones de dólares.
¿Qué relación tienen los fusiles G36 con Ayotzinapa?
La conexión con Ayotzinapa se encuentra en Guerrero.
Pese a las restricciones establecidas por Alemania, algunos fusiles G36 llegaron al estado y terminaron en manos de policías. Durante las investigaciones sobre los hechos de Iguala se identificaron armas de este modelo entre el armamento de la policía municipal.
Un análisis balístico citado en investigaciones sobre el caso determinó que tres fusiles Heckler & Koch G36 fueron disparados durante los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014.
Aquella noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
Entre las personas agredidas estuvo Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativo. Las organizaciones señalan que, debido a deficiencias en el procesamiento de la escena, no pudo determinarse si el arma que lo hirió era uno de los fusiles de Heckler & Koch.
La existencia de esos fusiles entre las armas utilizadas durante los hechos no significa que Heckler & Koch sea responsable de la desaparición de los estudiantes ni que todas las agresiones de aquella noche hayan sido cometidas con armas de la empresa.
¿Qué están pidiendo las organizaciones?
Las organizaciones de derechos humanos plantean que los recursos pagados por Heckler & Koch puedan contribuir a procesos de reparación social en México.
Entre las propuestas se encuentran financiar:
- atención psicosocial y de salud para comunidades afectadas;
- mecanismos de reparación;
- esclarecimiento de violaciones de derechos humanos;
- acciones relacionadas con el derecho a la verdad;
- garantías de no repetición.
Ayotzinapa aparece entre los casos que podrían beneficiarse de estos recursos, especialmente por la documentación sobre el uso de fusiles de la empresa durante los hechos de Iguala.
La propuesta también contempla abrir un diálogo entre autoridades alemanas y organizaciones civiles de México y Alemania para determinar cómo podrían canalizarse los recursos.
Si una transferencia directa a las familias no fuera jurídicamente posible, las organizaciones plantean utilizar el dinero para financiar proyectos que beneficien a las comunidades afectadas.
¿El dinero ya pertenece a las víctimas?
No.
Los 3.7 millones de euros no fueron establecidos por el tribunal alemán como una indemnización para las víctimas mexicanas. El dinero fue destinado al Estado alemán como consecuencia del proceso contra Heckler & Koch.
Por ello, las organizaciones no están reclamando una indemnización que ya haya sido reconocida judicialmente. Su petición es que el Gobierno de Baden-Württemberg analice si esos recursos pueden tener como destino mecanismos de reparación en México.
La decisión dependerá de las posibilidades jurídicas y de la voluntad política de las autoridades alemanas.
Por ahora, no existe una decisión de Alemania para entregar los recursos a las víctimas. Lo que existe es una petición para que el dinero pagado por Heckler & Koch pueda contribuir a procesos de reparación social en México.
Con información de Punto y coma: Piden a Alemania reparar a víctimas de Ayotzinapa por exportación ilegal de armas
