La propuesta de reforma electoral 2026 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados luego de que legisladores de la oposición, junto con integrantes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votaran en contra del proyecto, impidiendo que alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
La iniciativa, que buscaba modificar distintos aspectos del sistema electoral nacional y redefinir atribuciones del Instituto Nacional Electoral, generó un amplio debate entre las fuerzas políticas y distintos sectores de la opinión pública. Desde el Ejecutivo federal se planteó como una medida clave para fortalecer la democracia y actualizar el marco institucional del país.
Aunque el bloque oficialista obtuvo 234 votos a favor, la cifra resultó insuficiente para aprobar una reforma constitucional. Para lograrlo, el partido gobernante necesitaba al menos 81 votos adicionales, apoyo que finalmente no llegó tras el distanciamiento del PT y del PVEM, partidos que forman parte de la coalición gobernante. 
Durante la discusión legislativa, diputados de ambas fuerzas políticas argumentaron que el proyecto no garantizaba condiciones suficientes de equidad en el financiamiento político ni una representación más equilibrada dentro del sistema electoral. Su decisión de votar en contra terminó por frenar el avance de la iniciativa.
El resultado evidenció tensiones dentro del bloque oficialista y abrió cuestionamientos sobre la cohesión de la alianza política que ha respaldado varias de las reformas impulsadas por el gobierno federal. A pesar del revés legislativo, legisladores cercanos al oficialismo señalaron que buscarán alternativas para impulsar algunos de los cambios planteados en la propuesta, incluso mediante un eventual “Plan B” legislativo.
La reforma también generó reacciones entre organizaciones civiles y analistas políticos, quienes expresaron posturas encontradas sobre su alcance. Mientras algunos consideraban necesaria una actualización del sistema electoral, otros advirtieron posibles riesgos para el equilibrio institucional.
