Rocha Moya no pidió protección personal; Harfuch afirma que fue asignada por recomendación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no existe ninguna solicitud de protección oficial a favor del senador Enrique Inzunza, quien fue señalado por Estados Unidos supuestamente por vínculos con el narcotráfico. La dependencia federal confirmó que no se recibió petición alguna para asignar medidas de seguridad particulares al legislador en Sinaloa.

El funcionario federal detalló que las instancias a su cargo mantienen comunicación continua con autoridades locales y estatales, pero subrayó que el resguardo gubernamental actualmente enfocado en Sinaloa corresponde al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Este último solicitó formalmente apoyo en materia de seguridad ante el Gabinete de Seguridad federal, tras una evaluación de riesgo realizada por los organismos competentes.

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Medidas implementadas por el Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad federal asignó protección a Rocha Moya con base en el análisis técnico y protocolario correspondiente. La protección se implementó luego de que el gobernador en licencia anunciara su separación temporal del cargo para facilitar un proceso legal relacionado con acusaciones de narcotráfico. El despliegue de unidades de la Guardia Nacional fue anunciado por la Secretaría de Seguridad y otras autoridades federales para vigilar diversos puntos estratégicos en la entidad.

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El gobernador con licencia y el secretario Harfuch sostuvieron múltiples reuniones en las últimas semanas para revisar y fortalecer la estrategia de seguridad en Sinaloa. Estas reuniones incluyeron análisis sobre la operación conjunta de fuerzas federales y estatales, además de la firma de convenios para mejorar la coordinación en la región. Se informó que el equipo de seguridad de Rocha Moya cuenta con el respaldo operativo necesario conforme al protocolo de protección a funcionarios vulnerables.

Acciones oficiales y postura de la Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad reiteró que no existen solicitudes públicas ni oficiales para protección de otros actores políticos en Sinaloa, incluyendo al senador señalado por Estados Unidos. Este posicionamiento se emitió en respuesta a especulaciones surgidas en medios sobre posibles medidas de seguridad para Enrique Inzunza. El secretario manifestó que el gabinete federal mantiene vigilancia constante sobre la situación en Sinaloa, con base en criterios técnicos y sin preferencias hacia particulares.

“Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad”, indic

El Gobierno federal informó que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones en Sinaloa tiene como objetivo preservar la estabilidad y seguridad pública en el estado, donde operan diversas iniciativas para reducir la incidencia delictiva. En este contexto, la colaboración entre autoridades federales y estatales se mantiene activa, y se privilegia la información oficial para cualquier comunicado público.

Evaluaciones y protocolos para asignación de protección gubernamental

La Secretaría de Seguridad dejó en claro que las asignaciones de protección se definen exclusivamente con base en evaluaciones de riesgo y no a partir de señalamientos que no estén formalmente documentados por instancias jurídicas o de inteligencia. La postura oficial establece transparencia en el manejo de la seguridad de funcionarios, sin influencias externas que alteren la aplicación de protocolos establecidos en materia de protección personal.

En Sinaloa, las autoridades continuaron con operaciones coordinadas durante las primeras semanas de mayo, con revisiones constantes a la estrategia de seguridad impulsada por el Gabinete federal. La protección a Rubén Rocha Moya se mantuvo activa mientras dure la licencia solicitada para enfrentar el proceso jurídico que se le sigue por cuestionamientos relacionados con su persona. La Secretaría de Seguridad puntualizó que la seguridad a otros actores políticos seguirá normas estrictas sin confirmarse cambios o nuevas asignaciones.

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