La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones a servidores públicos federales por faltas graves, con multas que superan los 22.4 millones de pesos y destituciones inmediatas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 16 de agosto de 2026 que sancionó a 41 servidores públicos federales por faltas administrativas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y multas económicas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos.
En este artículo
📊 Datos clave
- Funcionarios sancionados: 41 servidores públicos federales
- Multas totales: más de 22.4 millones de pesos
- Inhabilitación máxima: 10 años sin ejercer cargos públicos
- Multa individual más alta: hasta 450 mil pesos
- Caso emblemático: venta ilegal de 37 mil cajas de archivo
- Costo constancia de no inhabilitación: $222 pesos (2026)
Casos destacados: de venta de archivos a irregularidades en contratos
Entre los casos más graves documentados por la Secretaría Anticorrupción destaca el de Otoniel A., funcionario de la Coordinación de Archivos en la Ciudad de México, quien recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 124 mil pesos. La investigación determinó que en 2020 aprovechó su cargo para vender a una empresa dedicada al reciclaje 37 mil cajas de archivo que eran propiedad del gobierno federal.
Este caso ejemplifica el tipo de conductas de corrupción que las autoridades buscan erradicar del servicio público. La venta ilegal de bienes gubernamentales constituye una falta administrativa grave que amerita las sanciones más severas contempladas en la ley.
Tipos de sanciones aplicadas
Las resoluciones emitidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incluyeron un catálogo completo de sanciones administrativas:
| Tipo de sanción | Descripción |
|---|---|
| Inhabilitación | Hasta 10 años sin poder ocupar cargos públicos |
| Destitución | Separación inmediata del cargo |
| Suspensión | Separación temporal sin goce de sueldo |
| Multa económica | Hasta 450 mil pesos por caso |
Dependencias federales afectadas
Los 41 funcionarios sancionados pertenecían a diversas dependencias del gobierno federal. Las faltas administrativas detectadas incluyeron desde irregularidades en procesos de contratación hasta el uso indebido de recursos públicos y conflictos de interés no declarados.
La Secretaría Anticorrupción no detalló públicamente la lista completa de dependencias involucradas, pero indicó que las investigaciones se realizaron en coordinación con los Órganos Internos de Control de cada institución.
Qué es la constancia de inhabilitación y cómo obtenerla
La constancia de inhabilitación o no inhabilitación es un documento oficial que certifica si una persona ha sido sancionada y se encuentra impedida para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal. Este documento es requisito obligatorio para ingresar a trabajar en cualquier dependencia del Gobierno de México.
Requisitos y costos en 2026
El trámite tiene un costo de $222 pesos según la Ley Federal de Derechos (artículo 5, fracción VI). La constancia puede solicitarse de manera presencial o en línea a través del portal oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y tiene validez para empleos en cualquier dependencia federal de todo el país.
El marco normativo para las constancias de inhabilitación se estableció mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, que sigue vigente con actualizaciones.
Implicaciones para el servicio público federal
Las sanciones anunciadas por la Secretaría Anticorrupción envían un mensaje de cero tolerancia hacia las conductas irregulares en el gobierno federal. Los funcionarios inhabilitados quedan registrados en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, lo que impide su contratación en cualquier nivel de gobierno durante el período de la sanción.
Para el caso de faltas graves, como la venta de bienes públicos, las inhabilitaciones pueden extenderse hasta 20 años en casos extremos, además de las sanciones penales que pudieran corresponder si se acredita la comisión de delitos.
