El gobernador acusado por el Departamento de Justicia de colaborar con el Cártel de Sinaloa retomó funciones tras más de tres meses de licencia; Sheinbaum rechazó la extradición solicitada por Washington.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, regresó a ejercer sus funciones el viernes 21 de agosto de 2026, más de tres meses después de solicitar licencia tras ser acusado formalmente por un gran jurado federal de Nueva York de colaborar con el Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó previamente la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, argumentando que Washington no proporcionó pruebas suficientes.
En este artículo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Fecha de regreso al cargo | 21 de agosto de 2026 |
| Duración de la licencia | Más de 3 meses (desde 1 de mayo) |
| Acusados en la imputación | 10 funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa |
| Año de la elección cuestionada | 2021 |
| Edad del gobernador | 77 años |
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Qué dice la acusación del Departamento de Justicia
En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal que señala a Rocha Moya y a nueve funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa por presunto narcotráfico y colaboración directa con el Cártel de Sinaloa. Se trata de la primera vez que un gobernador mexicano en funciones enfrenta cargos federales en territorio estadounidense.
Según los fiscales, la facción del cártel conocida como “Los Chapitos” —liderada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos— habría financiado y apoyado la campaña de Rocha Moya para ganar la elección gubernamental de 2021. La imputación describe un estado completo bajo control del crimen organizado.
Es la primera vez que un gobernador mexicano en funciones es acusado formalmente por un gran jurado federal de Estados Unidos.
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Por qué Sheinbaum rechazó la extradición
Tras la acusación, el gobierno de Donald Trump exigió a México la detención y extradición inmediata del gobernador. Sin embargo, Claudia Sheinbaum rechazó la solicitud bajo el argumento de que las autoridades estadounidenses “no proporcionaron pruebas suficientes” sobre los presuntos delitos.
La decisión colocó a la mandataria mexicana en un dilema político: ceder a la presión de Washington implicaría confrontar a sectores clave del partido Morena y contradecir su discurso de no intervención extranjera; negarse, por otro lado, arriesga tensiones adicionales con la Casa Blanca en un momento de alta fricción bilateral.
“Las falsas alegaciones están impulsadas por motivaciones políticas e intervencionistas de la ultraderecha nacional y extranjera.”
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Rocha Moya niega cargos y vuelve al cargo
El 1 de mayo de 2026, Rocha Moya anunció que solicitaría licencia para defenderse de lo que calificó como “alegaciones falsas y maliciosas”. Sin embargo, este 21 de agosto comunicó su regreso a través de la red social X.
“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la fuerza de la verdad de nuestro lado.”
No se informó qué motivó el fin de la licencia. Rocha Moya, de 77 años, es un histórico militante de Morena y cercano colaborador del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido.
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Sinaloa: epicentro del tráfico de fentanilo hacia EE.UU.
El regreso de Rocha Moya al gobierno ocurre mientras Sinaloa continúa siendo considerado el principal punto de origen del fentanilo, metanfetamina y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos. Expertos señalan que los cárteles mexicanos prosperan gracias a la colaboración de policías y políticos locales, desde agentes de calle hasta alcaldes y gobernadores.
Las organizaciones criminales emplean tanto la violencia como los sobornos para asegurar que funcionarios no interfieran en sus operaciones, que van más allá del narcotráfico e incluyen extorsión y robo de combustible.
El dilema político para el gobierno mexicano
La administración de Donald Trump ha intensificado su retórica contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. El caso de Rocha Moya representa la manifestación más visible de esa presión: si bien Estados Unidos ha procesado en el pasado a exgobernadores mexicanos, esta es la primera acusación formal contra un mandatario estatal en funciones.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo comentarios públicos de funcionarios estadounidenses sobre el regreso de Rocha Moya a sus funciones. La situación abre interrogantes sobre los próximos pasos de Washington y si habrá nuevas medidas de presión diplomática o económica hacia México.
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