Washington endurece su postura y pasa de perseguir capos a señalar directamente a funcionarios públicos que presuntamente protegen al crimen organizado en México.
La administración de Donald Trump ha marcado un giro histórico en la lucha antidrogas: ya no solo persigue a los grandes capos del narcotráfico mexicano, sino que ahora apunta directamente contra políticos mexicanos sospechosos de recibir dinero ilícito de los cárteles. En los últimos meses, Estados Unidos ha revocado visas a gobernadores y alcaldes, y en un movimiento sin precedentes, fiscales estadounidenses presentaron cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusándolo de permitir operaciones del narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo electoral.
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Un cambio de estrategia sin precedentes
Durante décadas, nombres como “El Chapo” Guzmán o “El Mencho” fueron los rostros emblemáticos de la guerra estadounidense contra el narcotráfico mexicano. Sin embargo, la actual administración ha adoptado un enfoque radicalmente distinto: señalar públicamente a los funcionarios electos que presuntamente facilitan las operaciones de los cárteles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió recientemente una alerta en la que acusó a los cárteles de “utilizar cada vez más sus ganancias ilícitas para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas”. Según el comunicado, el objetivo de estas organizaciones criminales es elegir candidatos “dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses”.
Este enfoque representa una ruptura con la práctica tradicional estadounidense de manejar las disputas bilaterales de manera discreta y evitar interferir abiertamente en la política interna de México.
“Este es un territorio inexplorado en las relaciones México-Estados Unidos. Tradicionalmente, Washington le daba a México mucha autonomía política doméstica para asegurar la estabilidad de un vecino dispuesto a cooperar en temas que van desde las relaciones de poder global hasta la migración ilegal y el comercio.”
Pamela Starr, politóloga de la Universidad del Sur de California
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El dinero del narco en las campañas políticas
Aunque no existe una cifra exacta sobre el volumen de donaciones del crimen organizado a campañas electorales mexicanas, incluso exfuncionarios electorales reconocen que las sumas son significativas. Luis Carlos Ugalde, quien dirigió el Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, señala que el fenómeno “ha detonado muy rápidamente” y que hace dos décadas apenas se registraba.
En 2018, Ugalde coautoró un informe que estimaba que los candidatos a gobernador en México gastan típicamente al menos 15 veces más en campañas de lo que reportan oficialmente a las autoridades. Este “dinero oscuro” incluye no solo contribuciones del crimen organizado, sino también fondos desviados de presupuestos gubernamentales y donaciones de empresarios que buscan obtener contratos públicos.
Las campañas generalmente reciben estos fondos en efectivo y los gastan de la misma manera, sin dejar rastro financiero alguno. Como señala el informe titulado “Dinero Bajo la Mesa”: “Nadie paga una operación de movilización del voto con su tarjeta American Express”.
Dato clave: Los candidatos a gobernador gastan hasta 15 veces más de lo reportado oficialmente, según estimaciones de exfuncionarios electorales mexicanos.
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Tensión bilateral con el gobierno de Sheinbaum
Las acciones estadounidenses están tensando las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena, que cuenta con mayoría en el Congreso y gobierna casi tres cuartas partes de los estados del país. Tanto Rubén Rocha Moya como Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California a quien le fue revocada la visa estadounidense, pertenecen al partido gobernante y han negado cualquier irregularidad.
Especialistas advierten que si la administración Trump va demasiado lejos en su estrategia, podría “envenenar las aguas de la cooperación bilateral en seguridad”, según advierte la politóloga Pamela Starr, autora del libro “The Making of Mexico: Revolution, Reform, and Transformation”.
La administración Trump ha adoptado una línea dura que incluye la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y el bombardeo de embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico. Estas medidas han generado fricciones diplomáticas significativas entre ambos países.
Capos extraditados: testigos clave contra políticos
Las autoridades estadounidenses podrían estar ahora en mejor posición que nunca para procesar a los políticos que colaboran con el crimen organizado. Gracias a operaciones antidrogas agresivas y a la cooperación con México, decenas de figuras de alto nivel de los cárteles han sido enviadas a custodia estadounidense en los últimos dos años.
Analistas de seguridad especulan que muchos de estos capos están dispuestos a revelar información sobre sus sobornos a políticos mexicanos con la esperanza de reducir sus condenas. Esta estrategia de colaboración con la justicia estadounidense podría convertirse en la principal herramienta para documentar los vínculos entre el narcotráfico y las campañas electorales.
“Es la única forma realista en este país de detectar los vínculos entre el crimen organizado y las campañas políticas.”
Luis Carlos Ugalde, exdirector del Instituto Federal Electoral
Jaime García, consultor político, señala que las campañas se han vuelto cada vez más costosas durante las últimas décadas, conforme México transitó de un Estado de partido único a una democracia competitiva. Esta situación ha motivado a funcionarios de los partidos a ignorar las reglas de financiamiento electoral y aceptar donaciones ilegales, incluyendo fondos provenientes del narcotráfico.
Rara vez los donantes o receptores de dinero del narco han sido procesados, y mucho menos condenados en México. Este patrón de impunidad es precisamente lo que la nueva estrategia estadounidense busca romper, aunque a costa de incrementar las tensiones diplomáticas con su vecino del sur.
| Funcionario señalado | Cargo | Acción de EUA |
|---|---|---|
| Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa | Acusación formal por vínculos con el narco |
| Marina del Pilar Ávila Olmeda | Gobernadora de Baja California | Revocación de visa estadounidense |
| Diversos alcaldes | Presidentes municipales | Revocación de visas |
Preguntas frecuentes
¿Por qué Estados Unidos ahora persigue a políticos mexicanos y no solo a capos?
La administración Trump considera que los cárteles utilizan sus ganancias ilícitas para financiar campañas políticas y elegir candidatos que protejan sus intereses. Al perseguir a los presuntos facilitadores en el gobierno, buscan desmantelar la estructura de protección política del narcotráfico.
¿Qué cargos enfrenta el gobernador Rubén Rocha Moya?
Fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente de permitir que narcotraficantes operaran en Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo electoral. Rocha Moya ha negado las acusaciones.
¿Cómo afecta esto las relaciones México-Estados Unidos?
Las acciones han generado tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Especialistas advierten que si Washington va demasiado lejos, podría dañar la cooperación bilateral en materia de seguridad.
¿Cómo obtiene EUA información sobre políticos mexicanos vinculados al narco?
Gracias a las extradiciones de capos de alto nivel en los últimos años, muchos líderes del narcotráfico estarían colaborando con la justicia estadounidense y revelando información sobre sobornos a políticos a cambio de reducir sus condenas.
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