El empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de la empresa Next Energy, fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social para Varones (CERESO) de Aguascalientes, luego de que las autoridades confirmaran cargos por presunto fraude, amenazas y cohecho en su contra.
Acusaciones de fraude
Maiz Domene enfrenta una investigación por el delito de fraude, relacionado con un contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre Next Energy y el Ayuntamiento de Aguascalientes.
En el acuerdo se establecía que la empresa desarrollaría infraestructura fotovoltaica para suministrar energía al municipio, lo cual nunca ocurrió.
Inicialmente, el proyecto tenía un valor de 7 mil 800 millones de pesos. Sin embargo, el contrato fue modificado en junio de 2020 y el monto aumentó a más de 20 mil millones de pesos.
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Cargos adicionales: amenazas y cohecho
Además del presunto fraude, a Maiz Domene se le sumaron cargos por amenazas y cohecho. Durante su traslado al CERESO habría intentado sobornar a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a quienes posteriormente amenazó tras no aceptar el dinero.
De acuerdo con las acusaciones, el empresario habría ofrecido una suma considerable a cada policía con la intención de evadir su ingreso al penal. Estos hechos derivaron en la apertura de una segunda carpeta digital 0079/2026 por dichos delitos.
Previo a su ingreso formal al penal, Maiz Domene permaneció bajo custodia policial en un hospital, luego de argumentar problemas de salud, aunque este periodo no constituyó libertad alguna.
Prisión preventiva y audiencias
Maiz Domene permanece en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso legal en su contra. La audiencia inicial se realizó de manera virtual el 17 de enero, bajo la conducción del juez penal Héctor Alejandro Andrade Alvarado. El proceso continuará el 21 de enero para abordar las pruebas y determinar los próximos pasos del caso.
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Antecedentes de Next Energy
El proyecto de Next Energy no solo ha generado controversia en Aguascalientes. En otras entidades, como Baja California, directivos vinculados a la empresa han enfrentado detenciones por irregularidades en contratos similares.
Este caso representa uno de los procesos más relevantes en materia de presuntos contratos irregulares con recursos públicos en el sector energético en los últimos años. Las autoridades judiciales mantienen el escrutinio mientras se define la responsabilidad penal y patrimonial del empresario y de su empresa.
