México entiende la protesta social. La historia nacional está marcada por causas legítimas que han nacido de la desigualdad, del abandono y de la falta de respuestas institucionales. Nadie puede negar el derecho de los maestros a expresar inconformidades, exigir mejores condiciones laborales o demandar diálogo. Pero una democracia no se mide solo por permitir la protesta, también se mide por impedir que una protesta se convierta en abuso contra terceros.
La CNTE ha construido parte de su discurso sobre causas sociales reales: rezago educativo, condiciones laborales complejas, escuelas en comunidades marginadas y demandas históricas del magisterio. Sin embargo, cuando esas causas derivan en bloqueos, plantones prolongados, cierre de vialidades, afectaciones al comercio, suspensión de clases y presión sobre la vida económica, dejan de representar al pueblo y comienzan a dañarlo.
John Rawls, uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, definía la desobediencia civil como un acto público, no violento, consciente y político, orientado a corregir una injusticia. Pero Rawls también advertía que esa desobediencia conserva legitimidad solo cuando expresa fidelidad a la ley, cuando no busca destruir el orden democrático y cuando acepta las consecuencias de sus actos. Bajo esa lógica, una protesta que afecta a niñas, niños, trabajadores, comerciantes, turistas, familias y pacientes, deja de ser una causa de justicia común y se convierte en una imposición de grupo.
Ahí está el problema central: la CNTE dice luchar por derechos, pero en los hechos termina violentando derechos de los demás.
Violenta el derecho a la educación cuando deja a estudiantes sin clases. Violenta el derecho al trabajo cuando impide que miles de personas lleguen a sus empleos o que negocios puedan operar. Violenta el derecho al libre tránsito cuando bloquea calles, carreteras o accesos estratégicos. Violenta el derecho a la movilidad, a la seguridad, al desarrollo económico, a la paz social y al patrimonio de quienes viven al día. Violenta, sobre todo, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que deberían ser el centro de cualquier política educativa.
La contradicción es profunda: quienes dicen defender la educación terminan cerrando escuelas, quienes dicen defender al pueblo terminan afectando primero a quienes menos tienen.
Las pérdidas económicas no son abstractas. La CONCANACO SERVYTUR ha estimado afectaciones de entre 200 y 260 millones de pesos diarios en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. En la capital, particularmente en el Centro Histórico y el Zócalo, las pérdidas se ubican entre 70 y 100 millones de pesos diarios, con entre 4,000 y 4,500 establecimientos afectados. Detrás de esas cifras hay meseros, cocineras, comerciantes, transportistas, proveedores, hoteles, restaurantes, papelerías, fondas, negocios familiares y trabajadores que no tienen sindicato que los defienda ni margen para cerrar varios días.
Pero hay un daño todavía más grave: el daño reputacional del país.
México está en el marco del Mundial 2026, una oportunidad histórica para mostrar hospitalidad, orden, cultura, gastronomía, comercio, servicios y turismo. La CONCANACO SERVYTUR estima que el torneo podría generar hasta 65 mil millones de pesos de derrama económica para México, entre boletos, consumo turístico nacional e internacional, comercio, servicios y actividades vinculadas. Sin embargo, los primeros datos muestran señales de alerta: ocupación hotelera por debajo de expectativas en ciudades sede, ventas que aún no despegan para la mayoría de los negocios y una percepción de incertidumbre que afecta decisiones de viaje.
Ese daño no siempre aparece completo en una tabla de Excel. La reputación del país se pierde cuando un visitante extranjero ve bloqueos antes que hospitalidad; cuando un turista cancela una reserva por miedo a no poder moverse; cuando un empresario decide no traer un evento; cuando una familia prefiere otro destino; cuando la imagen internacional de México se contamina por la idea de desorden, conflicto y falta de garantías.
La reducción de visitantes no solo se mide contra el año anterior, también se mide contra lo que México pudo haber recibido y no recibió. Se mide en cuartos de hotel vacíos, mesas sin clientes, vuelos que no se llenan, reservas canceladas y oportunidades perdidas. Se mide en la diferencia entre el país que pudo mostrarse al mundo y el país que algunos grupos intentan paralizar.
Jürgen Habermas, otro pensador indispensable para entender la democracia moderna, defendía la importancia de la esfera pública: el espacio donde los ciudadanos deliberan, argumentan y construyen acuerdos. Su enseñanza es clara: una democracia se fortalece cuando el conflicto se procesa con razones, no cuando una minoría captura las calles, las escuelas o la economía para imponer su agenda.
La protesta tiene legitimidad cuando abre diálogo, la pierde cuando cancela derechos.
México necesita escuchar a sus maestros, sí. Pero también necesita escuchar a los estudiantes que quieren aprender, a las familias que quieren trabajar, a los comerciantes que quieren abrir, a los turistas que quieren llegar, a los trabajadores que quieren moverse y a los millones de ciudadanos que todos los días cumplen la ley.
La justicia social no puede construirse sobre la injusticia contra terceros. Una causa que se sostiene afectando al más vulnerable deja de ser causa popular y se vuelve privilegio corporativo.
Hoy el país necesita diálogo con límites, legalidad con sensibilidad y autoridad con responsabilidad. Manifestarse sí, pero sin bloquear. Exigir sí, pero sin destruir. Defender derechos sí, pero sin pisotear los derechos de los demás.
Porque México no pertenece a un grupo, a una dirigencia ni a una agenda gremial. México pertenece a todos.
Y los derechos de todos también se defienden.
