La administración Trump impone restricciones de viaje y congelación de activos a la jueza japonesa y a un magistrado senegalés, escalando su confrontación con el tribunal internacional que investiga a Israel.
Estados Unidos anunció este martes 18 de agosto de 2026 sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal del tribunal. Las medidas incluyen prohibición de viaje a territorio estadounidense y congelación de activos en ese país, en lo que representa la escalada más significativa de la administración Donald Trump contra la institución con sede en La Haya.
En este artículo
📊 Datos clave
- Sancionados: 2 funcionarios de la CPI (Tomoko Akane y Abdoulaye Seye)
- Medidas: Prohibición de viaje a EU y congelación de activos
- Año de creación de la CPI: 2000 (Estatuto de Roma)
- Sede: La Haya, Países Bajos
- Orden de arresto CPI 2024: Contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant
- Estados parte del Estatuto de Roma: 124 países (EU no incluido)
Quién es Tomoko Akane y por qué fue sancionada
Tomoko Akane es una jurista japonesa que actualmente preside la Corte Penal Internacional, el tribunal permanente encargado de juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su carrera en el ámbito del derecho internacional la ha posicionado como una de las figuras más relevantes en la justicia penal global.
La jueza japonesa ha liderado el tribunal durante un periodo particularmente conflictivo, marcado por las investigaciones contra funcionarios de Israel por las acciones militares en Gaza. Bajo su presidencia, la CPI ha mantenido su postura de independencia frente a las presiones de potencias que no reconocen su jurisdicción.
Además de Akane, las sanciones estadounidenses alcanzaron al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente funge como sustituto del fiscal de la CPI. Ambos funcionarios enfrentan ahora restricciones que les impiden viajar a Estados Unidos y que congelan cualquier activo que pudieran tener en territorio estadounidense.
La justificación de Estados Unidos
El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado oficial explicando las razones detrás de las sanciones. Según el funcionario, “estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” del tribunal internacional.
La administración Trump ha calificado a la CPI como una institución “politizada”, argumentando que sus investigaciones responden a agendas políticas más que a la búsqueda de justicia. Esta postura se ha intensificado particularmente desde que el tribunal comenzó a investigar acciones de Israel en los territorios palestinos.
El Departamento de Estado ha señalado que las sanciones forman parte de una estrategia más amplia para proteger a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, así como a los de países aliados, de lo que considera “persecución judicial injustificada” por parte de organismos internacionales.
Estas sanciones se suman a las ya impuestas previamente por la administración Trump contra varios jueces y fiscales de la CPI, configurando un patrón de confrontación sistemática con el tribunal internacional.
El contexto: CPI, Israel y las órdenes de arresto
El trasfondo de las sanciones contra Tomoko Akane está directamente vinculado a las decisiones de la CPI respecto a Israel. En 2024, el tribunal emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Gaza.
Las órdenes de arresto también incluyeron a varios miembros de Hamás, el grupo palestino que controla Gaza. Sin embargo, según reportes, todos los líderes de Hamás señalados por la CPI han sido asesinados en el transcurso del conflicto.
Para Estados Unidos, estas acciones de la CPI representan una intromisión inaceptable en los asuntos de uno de sus principales aliados estratégicos en Medio Oriente. La administración Trump ha defendido consistentemente a Israel y ha rechazado cualquier intento de organismos internacionales de someter a sus funcionarios a procesos judiciales.
La postura estadounidense argumenta que países como Israel, que no son parte del Estatuto de Roma, no deberían estar sujetos a la jurisdicción de la CPI. Este mismo argumento aplica para los propios funcionarios estadounidenses, quienes han sido objeto de investigaciones del tribunal por acciones en Afganistán y otros conflictos.
Por qué Estados Unidos no reconoce a la CPI
La Corte Penal Internacional fue establecida mediante el Estatuto de Roma en el año 2000, con el objetivo de crear un tribunal permanente capaz de juzgar los crímenes más graves contra la humanidad. Sin embargo, Estados Unidos nunca suscribió este tratado y, por lo tanto, no reconoce la jurisdicción del tribunal.
Las razones detrás de esta decisión son múltiples. Washington argumenta que someter a ciudadanos y funcionarios estadounidenses a un tribunal extranjero vulneraría su soberanía nacional y las garantías constitucionales de sus ciudadanos. Además, existe la preocupación de que la CPI pudiera ser utilizada con fines políticos contra personal militar estadounidense desplegado en diversas partes del mundo.
La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y actualmente cuenta con 124 Estados parte que reconocen su jurisdicción. Entre los países que, al igual que Estados Unidos, no forman parte del tribunal se encuentran China, Rusia, India e Israel.
A lo largo de diferentes administraciones, la postura estadounidense hacia la CPI ha variado en intensidad. Sin embargo, bajo el gobierno de Donald Trump, la confrontación ha alcanzado niveles sin precedentes, con sanciones directas contra funcionarios del tribunal y presiones a países aliados para que limiten su cooperación con la institución.
Implicaciones para México y Latinoamérica
México es uno de los 124 Estados parte del Estatuto de Roma y reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esta posición lo coloca en una situación diplomática compleja ante las presiones de Estados Unidos para que países aliados se distancien del tribunal internacional.
La administración Trump ha solicitado a sus aliados en la región, particularmente a aquellos involucrados en esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, que reconsideren su participación en la CPI. Esta petición pone a países como México ante el dilema de mantener sus compromisos con el derecho internacional o ceder ante las presiones de su principal socio comercial.
Para Latinoamérica en general, la escalada de sanciones estadounidenses contra la CPI representa un desafío al sistema de justicia internacional que muchos países de la región han apoyado históricamente. La mayoría de las naciones latinoamericanas son parte del Estatuto de Roma y han visto en la CPI un instrumento importante para la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá definir su postura ante este escenario. La tradición diplomática mexicana de defensa del multilateralismo y el derecho internacional sugiere que el país mantendrá su apoyo a instituciones como la CPI, aunque las presiones económicas y comerciales desde Washington podrían complicar esta posición.
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Reacciones internacionales
Las sanciones contra Tomoko Akane han generado reacciones encontradas en la comunidad internacional. Países europeos, que son firmes defensores de la CPI, han expresado su preocupación por lo que consideran un ataque a la justicia internacional. Países Bajos, sede del tribunal, y otras naciones de la Unión Europea han reiterado su apoyo a la independencia de la corte.
Por su parte, Israel ha celebrado las medidas estadounidenses, considerándolas un respaldo a su posición de que la CPI no tiene autoridad para juzgar a sus funcionarios. El gobierno israelí ha calificado las investigaciones del tribunal como “antisemitas” y ha rechazado cualquier cooperación con el mismo.
Organizaciones de derechos humanos han condenado las sanciones como un “golpe al estado de derecho internacional”. Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que las medidas estadounidenses buscan proteger a individuos acusados de crímenes graves de cualquier rendición de cuentas.
La propia CPI ha emitido declaraciones reafirmando su compromiso con la justicia imparcial e independiente, señalando que continuará con sus investigaciones y procesos judiciales conforme a su mandato, sin importar las presiones externas.
El precedente y lo que viene
Estas sanciones establecen un precedente preocupante para el funcionamiento de las instituciones de justicia internacional. Si Estados Unidos logra intimidar a funcionarios de la CPI mediante restricciones personales, otros países podrían seguir el mismo camino, debilitando progresivamente la capacidad del tribunal para cumplir su mandato.
El caso de Tomoko Akane se suma a una lista creciente de funcionarios internacionales sancionados por Washington. La administración Trump ha dejado claro que no dudará en utilizar su poder económico y político para proteger lo que considera los intereses de Estados Unidos y sus aliados, incluso si esto implica confrontar directamente a organismos multilaterales.
Para la comunidad internacional, el desafío será encontrar formas de preservar la integridad de instituciones como la CPI frente a estas presiones. El futuro del derecho penal internacional podría depender de la capacidad de los Estados parte para mantener su compromiso con el tribunal, incluso ante el costo de tensiones con la mayor potencia mundial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Corte Penal Internacional y qué casos juzga?
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente establecido en 2000 mediante el Estatuto de Roma, con sede en La Haya, Países Bajos. Se encarga de juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Actualmente cuenta con 124 Estados parte que reconocen su jurisdicción.
¿Por qué Estados Unidos no forma parte de la CPI?
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma argumentando que someter a ciudadanos y funcionarios estadounidenses a un tribunal extranjero vulneraría su soberanía nacional. Washington también teme que la CPI pueda ser utilizada con fines políticos contra personal militar estadounidense desplegado en el mundo. Otros países como China, Rusia, India e Israel tampoco reconocen la jurisdicción de la corte.
¿Qué implican las sanciones contra Tomoko Akane en la práctica?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos incluyen prohibición de viaje a territorio estadounidense y congelación de cualquier activo que Tomoko Akane y Abdoulaye Seye pudieran tener en ese país. Aunque estas medidas tienen un impacto directo limitado sobre funcionarios que residen en Europa, envían un mensaje político claro y podrían disuadir a otros de aceptar cargos en la CPI.
¿México reconoce a la Corte Penal Internacional?
Sí, México es uno de los 124 Estados parte del Estatuto de Roma y reconoce plenamente la jurisdicción de la CPI. Esto significa que México está obligado a cooperar con el tribunal en investigaciones y, en teoría, a ejecutar órdenes de arresto emitidas por la corte contra personas que se encuentren en territorio mexicano.
