La administración Trump envía a cientos de connacionales a Centroamérica como medida disuasoria, pese a que México acepta el retorno de todos sus ciudadanos; la Cancillería rechaza la práctica.
La administración Trump ha estado deportando a migrantes mexicanos hacia Guatemala y Honduras, a pesar de que México ha manifestado su disposición de aceptar el retorno de todos sus ciudadanos, según revelaron dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó la práctica y aseguró que no existe ningún acuerdo que autorice el envío de connacionales a terceros países.
📊 Datos clave
- Destino de deportación: Guatemala y Honduras
- Afectados: cientos de ciudadanos mexicanos
- Periodo: últimos meses de 2026
- Postura de México: rechazo total a la práctica
En este artículo
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Deportaciones a terceros países: qué revelan los funcionarios
De acuerdo con los funcionarios del DHS que hablaron de manera confidencial, las autoridades migratorias estadounidenses han volado a cientos de ciudadanos mexicanos alrededor del territorio mexicano para depositarlos en Centroamérica durante los últimos meses. Esta práctica representa un giro significativo en la política de deportación, ya que México históricamente ha aceptado el retorno de todos sus nacionales sin restricciones.
La estrategia de enviar mexicanos a terceros países resulta particularmente inusual porque, a diferencia de otras nacionalidades, México no restringe las deportaciones de sus ciudadanos. Este tipo de remociones a terceros países se había utilizado principalmente con migrantes cuyos países de origen limitan las deportaciones o con personas que legalmente no pueden ser devueltas a sus naciones.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la administración “está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia, tal como el presidente Trump prometió”. Esta declaración evidencia que la política forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio.
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Respuesta de la Cancillería mexicana
La SRE emitió una postura contundente en contra de esta práctica migratoria. A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente dejó clara la posición del Gobierno de México:
El Gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo en ese sentido. México toma consistentemente los pasos necesarios para asegurar el retorno seguro y digno de todos sus nacionales a territorio nacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores
La declaración subraya que no existe acuerdo alguno entre ambos gobiernos que autorice el envío de ciudadanos mexicanos a Guatemala u Honduras. Esta postura deja en claro que la práctica estadounidense se realiza de manera unilateral y sin el consentimiento del gobierno mexicano.
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Objetivo de la política: disuadir nuevos cruces
Según los funcionarios del DHS, uno de los objetivos principales de esta estrategia es disuadir a los migrantes de intentar cruzar nuevamente la frontera entre México y Estados Unidos. Al dejarlos en países centroamericanos, lejos de la línea divisoria, se busca dificultar cualquier intento de reingreso al territorio estadounidense.
Esta táctica forma parte de lo que la administración Trump ha denominado “la operación de deportación más grande de la historia”. Las deportaciones a terceros países se han expandido bajo el actual gobierno, aunque enviar específicamente a ciudadanos mexicanos a otras naciones representa un cambio notable en el enfoque tradicional.
Los vuelos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) continúan operando varias veces por semana, transportando a personas deportadas a diversos destinos. Las imágenes de estas operaciones muestran a agentes supervisando el abordaje de deportados a aeronaves en aeropuertos estadounidenses.
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Tensiones bilaterales entre México y EE.UU.
Esta práctica de deportación a terceros países surge en un contexto de tensiones visibles entre Washington y la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que las revocaciones de visas estadounidenses a mexicanos políticamente expuestos “han sido utilizadas como presión política”.
Sin embargo, la mandataria mexicana también enfatizó que no espera que las disputas rompan las relaciones bilaterales. En declaraciones recientes, Sheinbaum expresó:
Queremos la mejor relación.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Al mismo tiempo, la presidenta añadió que México continuará defendiendo su soberanía. Respecto a las decisiones sobre visas, señaló que en última instancia son asuntos entre el gobierno estadounidense y los solicitantes individuales, aunque la postura mexicana permanece firme en la defensa de sus connacionales.
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Análisis de expertos: medida punitiva
Expertos en política migratoria han calificado esta práctica como fundamentalmente punitiva. Adam Isacson, investigador de la Washington Office on Latin America, ofreció su análisis sobre la situación:
Esto es casi enteramente punitivo.
Adam Isacson, Washington Office on Latin America
Según Isacson, la política también funciona como un mecanismo disuasorio al demostrar las posibles consecuencias de permanecer indocumentado en Estados Unidos. El mensaje implícito es que quienes sean deportados no simplemente serán devueltos a su país de origen, sino enviados a lugares más lejanos y desconocidos.
La situación coloca a los migrantes mexicanos en una posición particularmente vulnerable. A diferencia de otros casos donde las deportaciones a terceros países responden a restricciones legales o diplomáticas, en este caso se trata de una decisión deliberada de la administración estadounidense, a pesar de la disposición mexicana de recibir a sus ciudadanos.
Esta política podría generar consecuencias humanitarias significativas para los deportados, quienes se encuentran en países sin redes de apoyo familiar ni recursos para regresar a México. La práctica también plantea interrogantes sobre los derechos de los migrantes y los límites de las acciones unilaterales en materia de deportación.
México históricamente ha aceptado el retorno de todos sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, lo que hace inusual y sin precedentes la práctica de enviarlos a terceros países centroamericanos.
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