La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció una inversión sin precedentes de más de 50 millones de dólares para las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos. La mitad de este presupuesto se destinará específicamente a garantizar la correcta administración de los procesos electorales en estados clave, mientras que la otra mitad se enfocará en campañas para puestos estatales y medidas electorales locales.
La organización desplegará más de 100 empleados remunerados y más de 3,000 líderes voluntarios en siete estados considerados estratégicos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Esta iniciativa representa la mayor inversión electoral en la historia de la ACLU y responde a lo que la organización describe como intentos sin precedentes de intervención en los procesos democráticos.
Monitoreo electoral en etapas críticas del proceso
Deidre Schifeling, directora de asuntos políticos y defensa de la ACLU, explicó que la organización se enfocará en supervisar tres fases cruciales: la votación, el conteo de boletas y la certificación de resultados. Ya durante las primarias de mayo de 2026 en Georgia, las filiales locales de la ACLU monitorearon el proceso en siete condados, con planes de expandir esta vigilancia a 30 condados para las elecciones de noviembre de 2026.
La organización ya ha capacitado a 5,000 personas en trabajo electoral y planea entrenar a otras 5,000 más en los próximos meses. Además, la ACLU está involucrada actualmente en más de 80 demandas relacionadas con derechos de voto en dos docenas de estados y Washington D.C.
We are in a really unprecedented situation here with this administration’s abuses of power and concerted attempts to suppress voters, to gerrymander, to basically co-opt our democratic system.
Objetivos en contiendas estatales y medidas locales
La segunda mitad del presupuesto de 50 millones de dólares se destinará a contiendas específicas en diversos niveles de gobierno. Los esfuerzos incluyen las elecciones para las Cortes Supremas estatales de Montana y Carolina del Norte, así como las carreras para secretario de estado en Arizona y Nevada, posiciones clave en la administración electoral de cada entidad.
También se enfocarán en contiendas legislativas estatales en Carolina del Norte, Montana, Georgia y Michigan, estados donde el control de las legislaturas locales podría tener impacto directo en futuras leyes electorales y redistritación de distritos.
Contexto de tensión con la administración federal
La inversión de la ACLU ocurre en un momento de creciente fricción entre organizaciones de derechos civiles y la administración del presidente Donald Trump. En marzo de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva para crear listas federales de votantes y exigir al Servicio Postal de Estados Unidos que no entregara las boletas de ciertas personas.
El Departamento de Justicia demandó sin éxito a 30 estados y Washington D.C. por negarse a entregar información de sus registros de votantes. Adicionalmente, el FBI confiscó materiales de las elecciones de 2020 en Arizona y Georgia, y el Departamento de Justicia exigió boletas de 2024 del condado de Wayne, Michigan. El FBI también intentó entrevistar al principal funcionario electoral del condado de Milwaukee, Wisconsin.
Where it is clear that the administration is undermining the legitimacy of our democratic process and trying to co-opt it or sabotage it, we will be ready to react to that in a variety of ways.
Declaraciones previas sobre federalización electoral
En febrero de 2026, Trump había expresado públicamente su intención de que el Partido Republicano asumiera el control de la administración electoral en múltiples lugares del país. El presidente declaró en esa ocasión que los republicanos deberían nacionalizar el proceso de votación en al menos 15 lugares.
The Republicans should say: ‘We want to take over. We should take over the voting in at least — many, 15 places.’ The Republicans ought to nationalize the voting.
Ese mismo mes, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional también hizo declaraciones sobre la posibilidad de que agentes de inmigración pudieran estar presentes en lugares de votación, generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles.
Preparación ante escenarios complejos
Schifeling enfatizó que la ACLU se está preparando para múltiples escenarios posibles durante el ciclo electoral de 2026. La organización ha desarrollado estrategias para responder rápidamente ante cualquier intento de intervención o irregularidad en el proceso democrático.
Given all the signals that we’ve received from this administration, all of the totally unprecedented ways that they have acted to intervene in elections and to undermine mail-in voting and to insert DOJ in election processes in a way that is unprecedented and inappropriate, we would be foolish to not be prepared. So we are prepared, but we hope that we don’t need to use this tool.
La estrategia incluye tanto monitoreo en campo como capacidad de respuesta legal inmediata. Los más de 100 empleados y 3,000 voluntarios estarán distribuidos estratégicamente en los siete estados clave para documentar cualquier irregularidad y, de ser necesario, activar mecanismos legales de protección al voto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto invertirá la ACLU en las elecciones intermedias de 2026?
La ACLU destinará más de 50 millones de dólares, divididos en partes iguales entre monitoreo de administración electoral y campañas para puestos estatales y medidas locales.
¿En qué estados se concentrará el esfuerzo de monitoreo?
Los esfuerzos se concentrarán en siete estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.
¿Cuántas personas participarán en el monitoreo electoral?
La ACLU desplegará más de 100 empleados remunerados y más de 3,000 líderes voluntarios, además de haber capacitado ya a 5,000 personas y planear entrenar a 5,000 más.
La inversión de la ACLU en las elecciones intermedias de 2026 marca un punto de inflexión en el involucramiento de organizaciones de derechos civiles en el monitoreo electoral estadounidense. Con personal en campo, capacitación masiva y múltiples litigios en curso, la organización busca garantizar que los procesos de votación, conteo y certificación se desarrollen sin interferencias indebidas en los estados donde se decidirán las mayorías legislativas.
