Un tiroteo registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país, dejó al menos dos personas muertas, entre ellas una turista canadiense, y varios heridos, generando pánico entre los visitantes y una rápida movilización de cuerpos de seguridad.
De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un hombre abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar y posteriormente se quitó la vida. Videos difundidos en redes sociales muestran a turistas solicitando ayuda en medio de la confusión. Autoridades confirmaron que, además de la víctima extranjera, al menos tres personas resultaron lesionadas, aunque posteriormente el número de heridos aumentó a seis.
El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional fueron desplegados de inmediato para controlar la situación. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. 
Hasta el momento, la Embajada de Canadá en México no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.
El incidente ocurre en un contexto en el que México busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, por lo que el impacto trasciende el ámbito local. La muerte de una visitante extranjera en un sitio de alta afluencia internacional afecta directamente la percepción de seguridad del país, particularmente entre mercados emisores clave como Canadá.
Especialistas señalan que cuando la violencia alcanza espacios turísticos, se genera un mensaje de vulnerabilidad que puede derivar en advertencias de viaje más estrictas, cancelaciones y una eventual disminución en la llegada de visitantes. Asimismo, el turismo, uno de los principales motores económicos del país, podría resentir el golpe en la confianza, afectando a operadores, hoteles, restaurantes y comunidades que dependen de esta actividad.
El caso reabre el debate sobre la seguridad en destinos turísticos y la necesidad de reforzar los protocolos de protección para visitantes nacionales y extranjeros.
