México se encuentra en un momento clave en el que coinciden dos discusiones profundas: la implementación de una reforma electoral orientada a reducir costos en la administración pública y el avance de la reducción de la jornada laboral. Ambos temas deben analizarse con responsabilidad, porque cualquier decisión que incremente el gasto o la incertidumbre termina trasladándose al sector productivo nacional, que es el que sostiene el empleo, la inversión y el crecimiento.
Desde la perspectiva económica, no vemos mal que exista un plan B en materia electoral, siempre que su propósito sea hacer al Estado más eficiente, menos costoso y más cercano a la ciudadanía. Un sistema público más ligero no debilita a las instituciones, por el contrario, puede fortalecerlas si elimina excesos, duplicidades y estructuras que generan gasto sin mejorar resultados.
Reducir el costo de las elecciones es positivo. Hoy el gasto anual de organismos electorales locales, tribunales y partidos políticos estatales ronda los 20,000 millones de pesos, y una reducción cercana al 25% podría representar ahorros de entre 3,500 y 5,000 millones de pesos anuales. Estos recursos pueden destinarse a prioridades más urgentes como seguridad, salud, infraestructura o apoyo a la actividad productiva, áreas que tienen un impacto directo en la vida de la gente y en la competitividad del país.
También es correcto revisar el costo de los congresos locales y de los ayuntamientos. Si se puede representar bien a la ciudadanía con menos gasto, hay que hacerlo. La austeridad democrática no debilita a la democracia, la fortalece cuando se traduce en gobiernos más eficientes, más transparentes y responsables con el dinero público.
En ese mismo sentido, mecanismos como la revocación de mandato son valiosos porque devuelven poder a la ciudadanía, permiten que la gente evalúe al Gobierno y decida en las urnas si mantiene o no su respaldo. Más participación ciudadana significa más legitimidad institucional y obliga a gobernar con mayor responsabilidad.
Sin embargo, cualquier reforma debe hacerse con reglas claras y sin generar incertidumbre. Eficiencia sí, desorden no. Ahorro sí, inestabilidad no. La confianza es el principal activo de la economía, y cuando se pierde, el impacto se refleja en menor inversión, menor crecimiento y menos empleo.
Este punto se vuelve aún más relevante cuando se analiza el impacto económico de la reducción de la jornada laboral. Las estimaciones indican que cubrir las horas necesarias para mantener la operación podría representar hasta el 14% adicional de la nómina, equivalente a alrededor de 1.4 billones de pesos, más del 4% del PIB.
Si el Estado busca imponer nuevas obligaciones, también debe hacer su parte reduciendo sus propios costos. Toda disminución del gasto público innecesario reduce la presión sobre las empresas y permite que la economía respire.
Nuestra postura es sencilla: si el plan B reduce costos, mejora la eficiencia del Gobierno y amplía la voz de la ciudadanía, vale la pena discutirlo seriamente.
Porque cuando el Gobierno gasta mejor, el sector productivo puede invertir más.
Y cuando el sector productivo crece, crece México.
