México no parte de cero. Tiene ubicación estratégica, capacidad productiva, talento, una amplia red de tratados y un Gobierno que ha expresado su intención de impulsar el crecimiento, atraer inversión y fortalecer la economía nacional. El problema es que esa visión todavía no se refleja con la misma claridad en la operación diaria del Estado, en sus niveles federal, estatal y municipal.
Hoy, el país envía señales mixtas. Por un lado, se anuncian reformas, planes e iniciativas para promover la inversión. Por otro, en la ejecución cotidiana se intenta construir lo que antes no existía, mientras se descuida lo que ya se tenía: condiciones mínimas de certeza, continuidad institucional, agilidad administrativa y confianza para producir, invertir y crecer. Y cuando se deteriora lo que sí funcionaba, también se frena lo que se quiere construir.
Ese contraste importa más de lo que parece. La inversión no responde solo al discurso político ni a las promesas de futuro; responde, sobre todo, a la experiencia concreta de operar en el presente. Una empresa decide invertir cuando percibe reglas claras, trámites razonables, tiempos predecibles y autoridades que entienden que facilitar la actividad económica lícita también es una responsabilidad pública.
México sí tiene señales positivas, y sería injusto no reconocerlo. La política de justicia social, el fortalecimiento del ingreso de los trabajadores y varias reformas laborales parten de una intención legítima: corregir rezagos históricos, ampliar derechos y mejorar la vida de millones de personas. Ese objetivo merece respaldo.
Pero también obliga a reconocer una verdad incómoda: la economía es una sola. El pastel productivo no se multiplica por sí mismo. Y si la base de ingresos del país sigue siendo, en proporción, muy parecida a la de hace varios años, entonces aumentar cargas o presiones sobre el mismo sector formal no necesariamente significa que vamos en la dirección correcta.
Por eso conviene decirlo con claridad: un aumento en la recaudación, por sí solo, no prueba que el rumbo sea el adecuado. Incluso puede reflejar que se está exprimiendo con mayor intensidad a quienes ya están en la formalidad, mientras la economía informal sigue teniendo una presencia enorme.
Ahí está uno de los datos más duros: en México, el 67% de las mipymes opera en la informalidad y solo el 33% en la formalidad. Aun así, las mipymes generan el 52% del PIB y el 85.1% del empleo total. Además, aportan el 70.7% del empleo formal del país. Es decir, la base que sostiene al Estado, al empleo y a la actividad productiva formal sigue siendo relativamente estrecha y está cargando demasiado peso.
La ruta de solución empieza por reconocer dónde está el problema. En México, las mipymes y los negocios familiares no son un actor periférico: son el centro de la economía real. Por eso, la primera prioridad debe ser hacer de la formalidad una ventaja real.
Formalizar no puede seguir significando más cargas, más demora y más vulnerabilidad. Tiene que traducirse en acceso más ágil al crédito, trámites rápidos, certeza patrimonial, acompañamiento regulatorio y beneficios visibles para quien genera empleo formal. Si cumplir cuesta más que evadir, entonces el sistema empuja en la dirección equivocada.
La salida no está en apretar más a los mismos, sino en ampliar la base. Si se invierte de verdad en la base de la pirámide, la economía crece por simple probabilidad y por lógica productiva. Si más micro y pequeños negocios tienen acceso a crédito, digitalización, seguridad, infraestructura, simplificación y acompañamiento para formalizarse, habrá más contribuyentes, más consumo, más empleo y más inversión. El país crece cuando su base crece, no solo cuando se redistribuye mejor lo que ya existe.
Ahí está la preocupación actual. No estamos frente a una crisis macroeconómica ni ante un riesgo como el de otros años. No hay una señal de colapso. El riesgo es otro: caer en una etapa de crecimiento mediocre. Un país que quiere hacer justicia social, pero que al mismo tiempo tensiona en exceso al sector formal más cercano —los negocios familiares, las mipymes, las empresas que sí cumplen— puede terminar debilitando justo el motor que necesita para sostener esa agenda social.
La segunda prioridad es destrabar de inmediato la operación administrativa. El sondeo en comercio exterior es contundente: las empresas reportan afectaciones por incremento de tiempos de respuesta y el 58% de las empresas encuestadas de comercio exterior ya considera cerrar o reducir operaciones en México por estos retrasos. Detrás de esos porcentajes no solo hay expedientes detenidos, hay inversiones pausadas, empleos comprometidos y confianza debilitada.
Un ejemplo especialmente delicado está en comercio exterior y aduanas. Retrasar respuestas en trámites vinculados con importaciones, programas IMMEX, registros, padrones o certificaciones envía una señal operativa de alto riesgo. No se trata de papeles aislados: en muchos casos, esos bienes, insumos e inversiones están destinados a procesos de exportación. Si el Estado demora, la planta se detiene, la inversión se enfría y la señal hacia afuera se contamina.
Resolver esto exige más que mesas de diagnóstico. Exige ventanillas efectivas, plazos obligatorios de respuesta, trazabilidad digital completa, silencio administrativo positivo en ciertos supuestos y mecanismos de resolución con capacidad ejecutiva real. En materia económica, lo que no se resuelve a tiempo se convierte en inversión perdida.
El primer indicador que no debe ignorarse aparece precisamente en el norte del país. Por ejemplo, en Tijuana, las vacantes operativas formales muestran una caída muy fuerte en los últimos años. Al comparar el primer trimestre de 2021 con el de 2026, se observa un descenso de 42,585 vacantes en 2021 a 8,796 en 2025, y apenas 4,975 en este primer trimestre de 2026. Eso no es todavía una crisis, pero sí un síntoma. Y los síntomas, si no se atienden, terminan convirtiéndose en tendencia.
La tercera prioridad es fortalecer la certeza jurídica. En temas delicados como el bloqueo de cuentas bancarias, México debe actuar con firmeza contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, pero también con reglas claras, causales precisas, tiempos definidos de revisión y mecanismos efectivos de defensa. Combatir el delito no debe traducirse en incertidumbre para la empresa formal. La legalidad fuerte no es la que intimida por confusión, sino la que protege y sanciona con precisión.
La cuarta prioridad es alinear a toda la administración con el objetivo de crecimiento. No basta con que desde la presidencia exista voluntad para atraer inversión si en las áreas operativas esa inversión se frena. Cada dependencia relacionada con trámites, permisos, comercio exterior, fiscalización, revisión financiera o controversias debe medir su desempeño también por su capacidad para facilitar actividad económica formal, lícita y productiva. El Estado debe ser firme contra la ilegalidad, pero no puede convertirse en obstáculo para quien sí cumple.
La quinta prioridad es restablecer la confianza institucional, incluida la del entorno judicial. La inversión no llega solo porque se le invite, llega cuando hay previsibilidad. Cuando una empresa sabe que su trámite será resuelto, que su patrimonio no quedará atrapado en la incertidumbre, y que las reglas no cambiarán arbitrariamente, entonces invierte, contrata y expande operaciones.
México sí puede combinar justicia social con crecimiento robusto. Pero para lograrlo necesita dejar de ver al sector formal como la caja más accesible y empezar a tratarlo como el aliado estratégico que realmente es. No se puede pedir nueva inversión mientras se descuidan las condiciones que sostienen la que ya existe. No se puede hablar de crecimiento mientras la operación cotidiana desgasta a quien produce. No se puede construir confianza nueva destruyendo confianza previa.
La inversión se gana con consistencia. Y México todavía está a tiempo de demostrarla.
