La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes 6-3 en contra de Damon Landor, un hombre rastafari que buscaba indemnización después de que funcionarios de una prisión en Louisiana le cortaran sus rastas en 2020, violando sus creencias religiosas. El tribunal determinó que la ley federal no permite demandas por daños contra funcionarios individuales a menos que estos consientan ser responsables.
El caso se originó cuando Landor cumplía una sentencia de cinco meses por un cargo relacionado con drogas en el Centro Correccional Raymond Laborde en Louisiana. Durante el incidente, oficiales de la prisión esposaron a Landor a una silla y le afeitaron la cabeza, a pesar de que había mostrado a los guardias una copia de una resolución judicial vinculante que prohibía cortar las rastas de un rastafari.
El fallo del tribunal y sus implicaciones legales
El juez Neil Gorsuch redactó la opinión mayoritaria, en la que participaron los seis jueces conservadores del tribunal. La decisión se centra en la interpretación de la Ley de Uso de Tierras Religiosas y Personas Institucionalizadas (RLUIPA), que aplica a cualquier prisión local que acepte financiamiento federal y busca garantizar que las prisiones estatales y locales respeten el derecho de los reclusos al ejercicio religioso.
La mayoría concluyó que esta legislación no permite reclamaciones contra funcionarios individuales a menos que consientan la responsabilidad. Gorsuch escribió en su opinión que el caso de Landor no puede proceder contra estos funcionarios de la misma manera que una acción por incumplimiento de contrato no procedería contra alguien que nunca formó un contrato:
Mr. Landor’s case cannot proceed against them any more than a breach of contract action might proceed against a defendant who never formed a contract
Los tribunales inferiores se habían pronunciado a favor de Louisiana antes de que el caso llegara a la Corte Suprema. El estado no cuestionó que Landor fue maltratado durante el incidente.
La disidencia y las preocupaciones sobre recursos legales
La jueza Ketanji Brown Jackson redactó la opinión disidente, en la que participaron los tres jueces liberales del tribunal. La disidencia argumentó que el fallo efectivamente impide que los prisioneros busquen recursos legales por violaciones a su libertad religiosa.
Jackson expresó su preocupación sobre las consecuencias prácticas de la decisión, advirtiendo que prisioneros como Landor que sufren violaciones a su libertad religiosa en prisiones estatales, sin importar cuán evidentes sean, a menudo quedarán sin remedio:
Prisoners like Landor who suffer violations of their religious freedom in state prisons — no matter how blatant — will often be left remediless
La disidencia subrayó que el propósito de RLUIPA era precisamente asegurar que las prisiones estatales y locales respeten el derecho de los prisioneros al ejercicio religioso.
Los hechos del caso y el contexto religioso
El incidente ocurrió en 2020 cuando Landor, quien había mantenido su cabello sin cortar durante 20 años, fue forzado a raparse mientras cumplía su breve sentencia. Landor seguía la práctica del voto nazareo, un principio religioso dentro del rastafarianismo que prohíbe cortar el cabello.
Antes de que los oficiales procedieran a cortarle el cabello, Landor intentó defenderse mostrándoles documentación legal que respaldaba su derecho a mantener sus rastas por motivos religiosos. Sin embargo, los funcionarios ignoraron esta protección y procedieron con el corte forzado.
Los abogados de Landor citaron un fallo de 2020 relacionado con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa como precedente para su caso, aunque el tribunal actual determinó que este precedente no aplicaba a la demanda contra funcionarios individuales bajo RLUIPA.
Cambios en la política penitenciaria de Louisiana
Aunque Louisiana no fue declarada responsable por daños y perjuicios, el estado reconoció públicamente que Landor fue maltratado. Tras el incidente, el sistema penitenciario de Louisiana modificó su política de aseo personal, aunque estos cambios no afectan el resultado del caso de Landor ni le proporcionan una compensación por la violación a sus derechos religiosos.
El caso destaca una división ideológica en la Corte Suprema sobre cómo equilibrar la protección de derechos religiosos de personas encarceladas con las limitaciones legales sobre demandas contra funcionarios gubernamentales individuales. La decisión marca un precedente sobre el alcance de RLUIPA en casos futuros.
Preguntas frecuentes
¿Qué estableció la Corte Suprema en este caso?
El tribunal determinó que la Ley de Uso de Tierras Religiosas y Personas Institucionalizadas no permite demandas por daños contra funcionarios de prisiones individuales a menos que estos consientan la responsabilidad, rechazando la reclamación de Damon Landor.
¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente con las rastas de Landor?
El incidente ocurrió en 2020 en el Centro Correccional Raymond Laborde en Louisiana, cuando Landor cumplía una sentencia de cinco meses por un cargo relacionado con drogas.
¿Louisiana cambió sus políticas después del caso?
Sí, el sistema penitenciario de Louisiana modificó su política de aseo personal tras el incidente, aunque el estado no fue declarado responsable por daños y estos cambios no benefician directamente a Landor.
El fallo de la Corte Suprema representa una limitación significativa para los reclusos que buscan compensación por violaciones a sus derechos religiosos en el sistema penitenciario estadounidense. Mientras los jueces conservadores enfatizaron las restricciones legales para demandar a funcionarios individuales, la disidencia liberal advirtió sobre las consecuencias de dejar a los prisioneros sin recursos efectivos ante violaciones evidentes a sus libertades constitucionales.
