La discreción suele ser una virtud en los bancos centrales, aunque también puede convertirse en un problema cuando un cambio técnico altera una de las reglas que durante años sirvió para proteger el valor del dinero de los ciudadanos. Eso es lo que merece atención tras la entrada en vigor de la Circular 8/2026 del Banco de México (Banxico), porque, si bien la explicación oficial sostiene que se trata de una herramienta adicional para atender problemas de liquidez y dar mayor capacidad de actuación frente a episodios de volatilidad, el alcance de la medida permite una lectura mucho menos tranquilizadora.
La mayoría de las personas jamás tendrá contacto directo con el Banco de México, porque esa institución no concede créditos ni administra cuentas bancarias. Su tarea consiste en cuidar el poder adquisitivo del peso, razón por la cual regula la cantidad de dinero que circula. Esa responsabilidad parece lejana para quien solo piensa en pagar la despensa o cubrir la renta, aunque de ella depende que el dinero alcance para comprar lo mismo mañana que hoy.
Durante años la lógica fue sencilla, porque cuando existía demasiado dinero en circulación el banco central retiraba parte de esos pesos a través de diversos instrumentos financieros, con el propósito de evitar presiones sobre los precios. Esa función no tenía nada de espectacular, aunque sí resultaba indispensable, porque cualquier exceso de dinero frente a la cantidad de bienes y servicios termina por empujar la inflación.
Ahora la situación cambia, ya que el Banxico podrá comprar bonos del Gobierno en el mercado secundario mediante subastas, lo que abre la posibilidad de introducir nuevos pesos al sistema financiero. Esa facultad, según la explicación oficial de Morena y sus allegados, fortalece la capacidad operativa de la autoridad monetaria y mejora el funcionamiento del mercado de deuda en caso de tensiones. Esta parece ser una justificación formal, sin embargo, la pregunta que sí merece hacerse consiste en cuál será el uso de esa herramienta cuando las finanzas públicas enfrenten mayores presiones.
Aquí aparece mi verdadero motivo de preocupación, porque si el Gobierno necesita recursos y los inversionistas exigen intereses más elevados para prestarle, el banco central tendrá la posibilidad de comprar esos bonos, con lo cual sostendrá su precio y evitará un aumento mayor en el costo de la deuda. En términos sencillos, el dinero aparecerá para respaldar ese financiamiento. Ese mecanismo facilita la monetización indirecta del déficit.
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Quien crea que este asunto pertenece únicamente a los economistas se equivoca. La factura nunca permanece dentro de los edificios donde se toman las decisiones. Llega al bolsillo de cualquier trabajador cuando descubre que el mismo salario compra menos alimentos, menos medicinas y menos combustible. También alcanza a las familias cuando un peso más débil encarece los productos importados y alimenta nuevas presiones sobre los precios.
Los defensores de esta modificación sostienen que la herramienta solo estará disponible para circunstancias específicas y que su existencia no anticipa una crisis. Ojalá tengan razón. Sin embargo, la historia económica demuestra que las herramientas creadas para casos excepcionales suelen perder ese carácter cuando los gobiernos encuentran en ellas una salida cómoda para aliviar sus problemas financieros.
El ejemplo de Argentina aparece con frecuencia en esta discusión porque durante años su banco central terminó por respaldar el gasto público mediante la creación de dinero. México por ahora no comparte ese escenario, sin embargo, también sería ingenuo ignorar que la dirección preocupa cuando el banco encargado de defender el valor de la moneda recibe facultades que pueden facilitar el financiamiento del Gobierno.
Las malas decisiones económicas rara vez provocan un desastre de un día para otro. Comienzan con pequeñas concesiones que muchos consideran inofensivas hasta que las consecuencias aparecen en la mesa de millones de familias. Si el Banco de México deja de actuar únicamente como guardián del peso para convertirse en un respaldo permanente de las finanzas públicas, los ciudadanos terminarán pagando una cuenta que jamás autorizaron.
Ningún discurso oficial cambiará esa realidad, porque la inflación nunca solicita permiso antes de vaciar el bolsillo de quienes viven de su trabajo.
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