Un juez federal dictó medidas cautelares contra el exgobernador de Baja California y otros siete imputados por delincuencia organizada e importación ilegal de combustibles; enfrentarán el proceso desde el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 19 de julio de 2026 que un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, como parte de una investigación relacionada con una red de importación ilegal de combustibles.
La audiencia inicial se prolongó por más de un día y, tras la presentación de cerca de un centenar de datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, el juez determinó imponer distintas medidas cautelares a los acusados mientras continúa el proceso penal en su contra.
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¿Quiénes permanecerán en prisión?
La FGR detalló que Ernesto Ruffo Appel, junto con Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país.
Por otra parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso desde sus respectivos domicilios debido a motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Dato clave: Las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si son vinculados o no a proceso.
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La investigación por contrabando de hidrocarburos
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
La dependencia explicó que el caso involucra una red organizada que habría operado durante varios años, introduciendo combustible al territorio nacional mediante mecanismos diseñados específicamente para evadir los controles fiscales y aduaneros establecidos por las autoridades mexicanas.
Este tipo de operaciones, conocidas coloquialmente como “huachicol fiscal”, difieren del robo directo de combustible a ductos de Pemex, pero generan igualmente un impacto significativo en las finanzas públicas al evadir el pago de impuestos correspondientes a la importación y comercialización de hidrocarburos.
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El esquema de evasión fiscal
Según la FGR, el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando el producto como una mercancía distinta para evadir el pago de impuestos.
La autoridad ministerial señaló que las modalidades de fraude detectadas incluían:
- Subdeclaración de volúmenes: reportar cantidades menores de combustible a las efectivamente importadas
- Clasificación arancelaria fraudulenta: declarar el hidrocarburo como un producto diferente con menor carga fiscal
- Documentación apócrifa: uso de facturas y permisos falsificados para simular operaciones legítimas
- Triangulación de empresas: utilización de múltiples razones sociales para dificultar el rastreo de las operaciones
De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de prácticas genera una afectación económica significativa para el Estado mexicano y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.
Presunción de inocencia y próximos pasos
La FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y su responsabilidad únicamente podrá determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente, conforme a los principios del sistema penal acusatorio vigente en México.
El caso de Ernesto Ruffo Appel resulta particularmente relevante por tratarse del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), marcando un hito en la transición democrática del país al romper la hegemonía del PRI en las gubernaturas.
Tras su gestión como gobernador, Ruffo Appel ocupó diversos cargos públicos, incluyendo una senaduría por Baja California. Su detención ha generado reacciones encontradas en el ámbito político nacional, con sectores de la oposición cuestionando el momento y las circunstancias del proceso.
Próximos pasos: Una vez concluido el plazo constitucional (o su duplicidad), el juez de control determinará si existen elementos suficientes para vincular a los imputados a proceso, lo que abriría formalmente la etapa de investigación complementaria.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando de combustibles que consiste en importar hidrocarburos al país mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas, evadiendo así el pago de impuestos. A diferencia del huachicol tradicional (robo directo a ductos), este esquema opera a través de canales comerciales aparentemente legales.
¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?
Ernesto Ruffo Appel es un político mexicano que se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California por el PAN en 1989. Posteriormente fue senador de la República y ocupó diversos cargos en el ámbito empresarial.
¿Dónde está recluido Ernesto Ruffo?
El exgobernador permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este penal de máxima seguridad ha albergado a algunos de los criminales más peligrosos del país.
¿Cuántas personas fueron detenidas en este caso?
En total fueron detenidas ocho personas, de las cuales cinco permanecerán en el penal de El Altiplano, dos enfrentarán el proceso en arresto domiciliario por motivos de salud, y una más quedó recluida en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
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