El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien fue investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El tribunal determinó que no existen pruebas suficientes que vinculen al exagente con el homicidio y que el delito prescribió hace 12 años.
La resolución representa un revés judicial para la teoría del segundo tirador que impulsó el fiscal Alejandro Gertz Manero durante su gestión. La decisión del tribunal también significa que la FGR agotó sus recursos legales para impugnar el fallo, con lo cual el caso contra Sánchez Ortega queda prácticamente cerrado. Mientras tanto, Mario Aburto Martínez permanece en prisión cumpliendo una condena de 45 años como autor material del crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.
Prescripción del delito y falta de pruebas determinan la liberación
El tribunal federal concluyó que la acción penal contra Jorge Antonio Sánchez Ortega prescribió y que las pruebas presentadas por la FGR resultaron insuficientes para sostener una vinculación con el homicidio del excandidato presidencial del PRI. La resolución revocó el auto de término constitucional emitido el 15 de noviembre de 2025 por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien había dictado auto de formal prisión contra el exagente del Cisen.
Se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional. Segundo. Se revoca el auto de término constitucional de 15 de noviembre de 2025, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, en esta sede, en la causa penal 6/2025
La investigación contra Sánchez Ortega cobró fuerza en noviembre de 2025, cuando la fiscalía solicitó una orden de captura en septiembre de ese año, después de dos intentos previos en 2023 y 2024 que fueron rechazados por el juez Jesús Chávez Hernández. Entre las pruebas presentadas se encontraba la declaración de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto, aunque el tribunal determinó que el material probatorio no era suficiente para acreditar responsabilidad penal.
Detención y traslado al Altiplano en noviembre de 2025
Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana, Baja California, y posteriormente trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Su captura se produjo más de tres décadas después del asesinato de Colosio y tras varios intentos fallidos de la fiscalía por obtener órdenes de aprehensión en su contra.
El tribunal ordenó la inmediata libertad del exagente del Cisen en lo que se refiere al caso Colosio, aunque aclaró que podría permanecer recluido si se encuentra vinculado a otros asuntos por la comisión de distintos delitos. La resolución también ordenó el sobreseimiento de la causa, lo que significa el cierre definitivo del proceso penal en su contra por este caso específico.
la inmediata libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, en lo que se refiere única y exclusivamente al ilícito y causa penal de la que deriva el presente asunto, sin perjuicio de que pueda permanecer recluido por encontrarse vinculado a diverso asunto por la comisión de distintos delitos
El día del atentado y la detención de otro agente del Cisen
El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 durante un mitin político en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Mario Aburto fue señalado como autor material del crimen desde el primer momento y actualmente cumple una sentencia de 45 años de prisión, que está prevista para concluir en 2039.
En el mismo día del atentado, otro agente del Cisen identificado como Antonio Sánchez fue detenido debido a manchas de sangre en su ropa, pero fue liberado posteriormente. Esta situación generó confusión y alimentó teorías sobre la participación de más personas en el magnicidio, aunque las investigaciones subsecuentes no lograron confirmar la participación de otros actores más allá de Mario Aburto.
Recursos agotados y posición de la familia Colosio
La FGR ya no cuenta con recursos legales para impugnar el fallo del tribunal federal. La única vía para reabrir el caso contra Sánchez Ortega sería mediante un juicio de amparo promovido por los familiares de Colosio, aunque los integrantes de la familia se han pronunciado por dar por concluido el caso.
En octubre de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo que podía favorecer a Mario Aburto. En ese momento, el condenado había cumplido 30 años en prisión. Los ministros Lenia Batres Guadarrama y Juan Luis González Alcántara Carrancá participaron en esa resolución que confirmó la validez de la sentencia de 45 años.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el tribunal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega?
El tribunal determinó que no existen pruebas suficientes que lo vinculen con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que el delito por el que se le acusaba prescribió hace 12 años, lo que llevó a declarar prescrita la acción penal y ordenar el sobreseimiento de la causa.
¿Quién permanece en prisión por el asesinato de Colosio?
Mario Aburto Martínez permanece en prisión cumpliendo una sentencia de 45 años como autor material del asesinato ocurrido el 23 de marzo de 1994. Su condena está prevista para concluir en 2039.
¿La FGR puede apelar la decisión del tribunal?
No. La FGR ya no cuenta con recursos legales para impugnar el fallo. La única vía para reabrir el caso sería mediante un juicio de amparo promovido por los familiares de Colosio, quienes se han pronunciado por dar por concluido el caso.
La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito cierra un capítulo en las investigaciones sobre el caso Colosio que se reactivaron durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero. Con la determinación de prescripción y falta de pruebas suficientes, el caso contra Jorge Antonio Sánchez Ortega queda sobreseído y la teoría del segundo tirador no encuentra sustento judicial a más de tres décadas del magnicidio.
